HRW celebra que la CPI abra una nueva investigación sobre crímenes en Burundi

Human Rights Watch (HRW) celebró hoy la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una nueva investigación sobre los posibles crímenes contra opositores cometidos en Burundi desde abril de 2015.

La decisión se produce tan solo dos días antes de que Burundi hiciera efectiva su retirada del Estatuto de Roma, por lo que el tribunal mantiene su jurisdicción sobre estos crímenes, que según el fiscal de la CPI podrían aglutinar asesinatos, encarcelamientos ilegales, torturas, violaciones o desapariciones forzosas.

“La decisión demuestra que retirarse de la CPI no protege a un Gobierno de que se investigue su papel en graves violaciones de los derechos humanos”, afirmó la directora asociada para Justicia Internacional de HRW, Param-Preet Singh.

“El rol de la CPI no puede ser anulado, dejando así olvidados horribles abusos”, añadió.

La organización considera que la nueva investigación de la CPI abre un camino para que “las víctimas en Burundi y sus familias puedan ver un día que los responsables son llevados ante la Justicia”.

HRW pone el foco sobre las fuerzas del Ejecutivo y la sección juvenil del partido gobernante, la Imbonerakure, a las que acusa de poseer “un devastador registro de abusos que incluyen violaciones, torturas y ejecuciones, que han dejado a Burundi al filo de la acción de la CPI”.

El comunicado de la CPI revela que la Fiscalía ha sido autorizada a extender la investigación a delitos cometidos antes de 2015 o incluso después de octubre de 2017 “si se cumplen ciertos requisitos legales”.

El tribunal considera que hay una “una base razonable” para pensar que tanto la Policía como el Ejército de Burundi lanzaron un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, especialmente contra aquellos “percibidos como opositores al partido gobernante”.

Los hechos se produjeron cuando el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución, lo que desencadenó una ola de violencia que causó la muerte de unas 1.200 personas, el arresto de varios miles y el exilio de más de 410.000, según los datos que maneja el tribunal.

La CPI aclaró que Burundi tendrá la “obligación de cooperar” para esclarecer esos hechos debido a que los jueces autorizaron bajo secreto de sumario la investigación de la Fiscalía el 25 de octubre, dos días antes de que esa retirada entrara en vigor.

El anuncio público de la investigación se retrasó hasta hoy porque “había un peligro para la vida o el bienestar de víctimas y testigos potenciales” y porque existían riesgos de que “la integridad de la investigación se viera comprometida”, explicó el tribunal.