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HRW pide a Colombia no ascender a los militares que estén implicados en abusos

HRW pide a Colombia no ascender a los militares que estén implicados en abusos

EFE

Nueva York —

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La organización Human Rights Watch (HRW) hizo hoy un llamamiento a las autoridades colombianas para que no asciendan a efectivos del Ejército que puedan estar implicados en ejecuciones extrajudiciales u otros abusos.

“El Senado colombiano debería examinar las hojas de vida cuidadosamente y rechazar los ascensos de militares contra quienes existan evidencias creíbles de abusos”, declaró en un comunicado el director para las América de HRW, José Miguel Vivanco.

El Ministerio de Defensa ha divulgado las hojas de vida de los miembros de la Fuerza Pública que prevé ascender, incluidos al menos cinco coroneles sobre quienes hay evidencias creíbles y convincentes de que estarían implicados en “falsos positivos”.

Los “falsos positivos” fueron casos de civiles reclutados por el Ejército bajo la promesa de un empleo que luego fueron asesinados y presentados ante la opinión pública por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos como guerrilleros abatidos en combate.

La organización de derechos humanos denunció hoy que el menos cinco de los 18 miembros del Ejército que el Ministerio de Defensa prevé ascender podrían ser penalmente responsables por casos de “falsos positivos”.

Se trata de los brigadieres generales Emiro José Barrios Jiménez y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, y los coroneles Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Adolfo León Hernández Martínez.

El director para las Américas de HRW reconoció en el mismo comunicado que cada uno de estos militares goza del derecho a la presunción de inocencia “hasta que la Justicia demuestre que son culpables”.

“Pero ascenderlos antes de que concluyan los procesos penales transmitiría el mensaje de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio de garantizar que haya justicia por estos aberrantes delitos”, lamentó Vivanco.

Según datos de HRW, entre los años 2002 y 2010 se cometieron en Colombia más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe, en un escándalo conocido como los “falsos positivos”.

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