HRW pide a Hong Kong que revoque la ilegalización de partido independentista

Human Rights Watch (HRW) exigió hoy a las autoridades que revoquen la ilegalización del independentista Partido Nacional de Hong Kong, una decisión que calificó como un “fuerte revés” para la libertad de expresión.

Las autoridades hongkonesas justificaron ayer la ilegalización del partido que lideraba desde su fundación en 2016 el activista Andy Chan asegurando que la agrupación había llamado públicamente a la “revolución armada” y al rechazo a la llegada de “colonos” chinos.

Según añadieron, éstas y otras actitudes de Chan y sus partidarios no podían ser tomadas como meros “eslóganes políticos” y ponían en peligro la seguridad del territorio, retornado a la soberanía china en 1997 y en el que el descontento frente al régimen comunista va en ascenso desde la llamada “Revolución de los Paraguas” de 2014.

“Los derechos humanos en Hong Kong han estado contra las cuerdas en los últimos años, pero esta prohibición es un duro revés a la capacidad de los hongkoneses para expresar sus opiniones, unirse a personas con ideas afines y postularse para un cargo”, afirmó en un comunicado la directora de HRW en China, Sophie Richardson.

Se trata de la primera vez desde el retorno de Hong Kong a manos chinas, en julio de 1997, que el Gobierno regional prohíbe una organización política, una decisión “desalentadora” para los derechos humanos en la región, según HRW.

“Las autoridades en Hong Kong deberían revertir de inmediato esta decisión mezquina que tiene consecuencias de gran alcance”, exigió Richardson, y defendió que “las autoridades no tienen derecho a prohibir partidos políticos simplemente porque están en desacuerdo con sus opiniones pacíficas”.

Hong Kong disfruta de una amplia autonomía del régimen comunista chino merced al principio de “un país, dos sistemas”, pero según amplios sectores de la política local Pekín ejerce cada vez mayor influencia sobre la excolonia y reprime crecientemente las libertades que ésta disfruta frente al resto del país.

En palabras de Richardson, “prohibir a un grupo de personas que ejerzan sus derechos básicos va tristemente en paralelo a lo que ha estado sucediendo desde hace mucho en China continental”.