Hace un año cayó en Guatemala el presidente Pérez Molina, acusado de corrupto

Sin disparos, las protestas populares como único método de presión marcaron una nueva etapa para Guatemala hace un año, cuando el presidente Otto Pérez Molina renunció tras ser acusado de corrupción.

La víspera, Pérez Molina, un general retirado del Ejército, había firmado y enviado su dimisión al Congreso, que ya lo había desaforado.

El Ministerio Público (MP) recordó hoy que hace un año pudo demostrar ante el juez Miguel Ángel Gálvez que existían indicios suficientes para que el expresidente enfrentara un proceso penal y quedara en prisión por ser el supuesto cabecilla de la estructura criminal denominada “La Línea”, con la que habría defraudado en las aduanas unos 28 millones de quetzales (3,71 millones de dólares).

De ese caso se desprendieron otras investigaciones que dieron con un contrato ilegal para la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que supuestamente generó unos 24,5 millones de dólares en comisiones ilegales, y el último, el denominado “Cooptación del Estado”, a través del cual obtuvieron unos 500 millones de quetzales (66,31 millones de dólares).

Por el caso “La Línea”, desarticulada en abril de 2015, Pérez Molina fue acusado de los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo.

Mientras que por TCQ se le imputaron los de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude, y en el de “Cooptación del Estado”, cohecho pasivo y lavado de dinero. Ambos casos fueron descubiertos y denunciados este año.

Pérez Molina ha pasado un año en prisión preventiva y hasta ahora se desconoce si el juez resolverá enviarlo a un juicio oral y público.

El expresidene ha negado en repetidas ocasiones las imputaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo emanado de la ONU.

Uno de los colaboradores de estas instituciones para acusar a Pérez Molina es Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que también está en prisión por corrupción desde agosto de 2015 y supuestamente se benefició de estas tramas junto con el expresidente.