Hacienda pide al Tribunal de Cuentas que busque “hasta el último céntimo” de dinero público que pudo ir al 1-O

Fernández de Moya ha precisado en declaraciones a los periodistas que “todos pudimos ver en los medios que ese día se cedieron gratuitamente espacios de titularidad autonómica como centros educativos para votaciones ilegales declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, así como la creación de páginas web, el traslado de urnas con medios públicos y el uso de bienes corrientes y servicios como suministro eléctrico”.

La Secretaría de Estado ha pedido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ayuda para “saber el impacto que han tenido esas decisiones en el erario público y deducir responsabilidades por ello sobre el presidente, el vicepresidente y el resto del Consejo de Gobierno de la Generalitat catalana, que fueron quienes activaron esos medios administrativos o contractuales de titularidad autonómica”.

La denuncia se extiende a la ANC y a Ómnium “para conocer con plena transparencia el origen de las subvenciones que reciben y la existencia de posibles responsabilidades contables, civiles, administrativas o penales que se deriven de su uso”.

El Ministerio ha instado al órgano fiscalizador a solicitar a las entidades financieras la relación de pagos efectuados “con cargo a las subvenciones recibidas” para “depurar hasta el último céntimo que haya podido dirigirse a ese proceso refrendario ilegal e inconstitucional”.

Fernández de Moya ha visitado Ceuta este miércoles para firmar con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), el convenio de colaboración en virtud del cual la Administración General del Estado aporta 3,9 millones de euros para financiar parcialmente los costes de funcionamiento de la planta de desalinización de agua local.