Honduras responde ante la CorteIDH por el despido de jueces durante el golpe de Estado

El Estado hondureño se sentó hoy en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para responder por el despido de tres jueces y una magistrada a raíz, supuestamente, de su oposición al golpe de Estado ocurrido en el 2009.

El caso se refiere a los despidos de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, y es la primera demanda relacionado al golpe de Estado que llega al tribunal continental.

En la audiencia de dos días que comenzó hoy en la sede de la CorteIDH en Costa Rica, el exjuez López Lone presto declaración y pidió a los jueces que condenen al Estado y le ordenen restituir en sus cargos a los cuatro demandantes.

Además, urgió a la CorteIDH que ordene reformas a las leyes y reglamentos hondureños relacionados a los procesos disciplinarios contra funcionarios judiciales, pues a su juicio, en la actualidad se prestan a perseguirles y atemorizarles.

El exjuez, que en la fecha de los hechos era el presidente de la junta directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia, relató que participó en una manifestación en su condición de ciudadano para mostrar su rechazo al golpe de Estado contra el entonces mandatario del país, Manuel Zelaya, ocurrido el 28 de junio de 2009.

“Haber participado en una manifestación el 5 de julio (de 2009) provocó la apertura de un procedimiento disciplinario del que no fui notificado”, explicó López.

Según dijo el exjuez, la justificación que le dieron para la apertura del proceso disciplinario y posterior destitución fue que su participación en la manifestación fue “incompatible con la investidura de juez”.

“Mientras nos sancionaba, la Corte Suprema de Justicia expresaba que todo era legítimo, que la sucesión presidencial era legítima y eso, como jueces, nos producía mucho desconcierto. La Corte estaba legitimando el golpe”, expresó López en su declaración.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encarga de elevar las acusaciones a la CorteIDH, está representada en la audiencia por su presidente, José de Jesús Orozco, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

Orozco presentó el caso ante la CorteIDH y afirmó que los hechos ocurrieron en un “contexto de persecución contra las voces críticas del golpe” y recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó los hechos como un golpe de Estado y suspendió a Honduras del organismo.

El presidente de la CIDH también acusó al Estado hondureño de “falta de voluntad” para cumplir con las recomendaciones hechas por la CIDH en favor de los cuatro demandantes.