Humala afronta una grave crisis política por el escándalo sobre los “poderes paralelos”

El presidente de Perú, Ollanta Humala, afronta una de las peores crisis políticas de su mandato por un escándalo que apunta a la presunta existencia de poderes paralelos en la Policía Nacional y que ha puesto en evidencia la fragilidad de algunas instituciones.

La denuncia de que Oscar López Meneses, hombre clave en las operaciones de espionaje y la red de corrupción que impulsó Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), recibía protección policial, ha generado un huracán que ha llevado a la renuncia del ministro del Interior y del principal asesor presidencial en temas de seguridad.

También han sido cesados tres generales, dos coroneles y un comandante de la Policía, entre ellos el jefe de la Región Policial Lima, general Luis Praeli; y el jefe de las Fuerzas Especiales de la Policía, general Sergio Monar, y además se ha implicado al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto.

El escándalo también ha golpeado al nuevo primer ministro, César Villanueva, quien, aunque logró esta madrugada el voto de confianza del Congreso, contó con el rechazo de parte de la oposición por la gestión del Gobierno en este caso.

Humala ha intentado zanjar la crisis con el nombramiento de un nuevo ministro del Interior, Walter Albán, que ocupa hoy el cargo y que tiene ahora como reto una reestructuración de la Policía Nacional.

El presidente peruano, que tuvo que suspender esta semana un viaje oficial a Canadá por esta crisis, ha asegurado que en su Gobierno no hay un “poder paralelo” y ha descartado cualquier vínculo con personajes ligados a la antigua red de corrupción formada por el exasesor presidencial Montesinos.

En este mismo sentido, Villanueva dijo ante el Congreso: “No permitiremos, en ninguna circunstancia, poderes paralelos” y “el gobierno combatirá toda red ilegal, todo poder oscuro, todo intento de resucitar prácticas corruptas que han causado dolor y vergüenza al país”.

Para Humala, este caso se debe a que hay corrupción en la Policía Nacional del Perú.

Pero este intento de Humala de reducir el caso a solo unos “malos elementos ”de la Policía no ha convencido a la oposición y ha generado malestar en la institución.

Los portavoces de cuatro bancadas en el Parlamento ya han pedido formar una comisión investigadora sobre este caso.

La situación también ha derivado en un agrio enfrentamiento entre los máximos jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía sobre quien dio la orden de brindar protección policial a López Meneses.

Y es que el trasfondo de la cuestión es conocer de quién partió la orden y por qué se protegía esa vivienda.

Según denuncias de la prensa local, López Meneses estaba a cargo de realizar seguimientos e interceptación telefónica de políticos y periodistas.

La Fiscalía de la Nación, que entró en la casa de López Meneses tras la denuncia periodística, no encontró ningún equipo de interceptación de las comunicaciones.

También ha habido rumores de que el propio Montesinos había salido de la Base Naval del Callao, donde cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, para visitar la casa de López Meneses, lo que desmintió el Gobierno peruano.

Esta nueva crisis se produce apenas 20 días después la última remodelación del gabinete que hizo Humala tras la renuncia del primer ministro Juan Jiménez para intentar revertir su caída en las encuestas.

Pero el nuevo escándalo vuelve a castigar la imagen de Humala y ahonda el enfrentamiento con la oposición.

Con el fujimorismo la tensión no ha hecho más que aumentar en los últimos días, después de que el Gobierno cortará indefinidamente la línea telefónica al encarcelado expresidente Alberto Fujimori como sanción por las dos entrevistas que concedió sin autorización a medios locales

Las relaciones con el líder del partido Aprista Peruano, Alan García, también están crispadas porque el exgobernate considera que, detrás de la comisión del Congreso que investiga la supuesta corrupción durante su segundo mandato (2006-2011), está el interés del Gobierno en inhabilitarlo como candidato presidencial para el 2016.

Aunque el presidente Humala ha descartado más cambios en el gabinete, la última palabra sobre esta crisis parece que todavía no se ha dicho.

De momento, los fujimoristas ya han anunciado que presentaran una moción de interpelación del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por este caso. Carmen Jiménez