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Humala y su esposa participan por videoconferencia en la audiencia de apelación

Humala y su esposa participan por videoconferencia en la audiencia de apelación

EFE

Lima —

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El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia participan hoy, por videoconferencia, en la audiencia de apelación contra la prisión preventiva por 18 meses dictada en contra de ambos por el presunto delito de lavado de activos.

Humala sigue la audiencia que se celebra en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional desde el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, en el que fue recluido hace dos semanas.

Tanto el mandatario como su esposa, quien se halla en el penal de mujeres del distrito de Chorrillos, tuvieron que identificarse a través de la videoconferencia a solicitud del presidente de la sala, Octavio Sahuanay.

Humala y su esposa fueron recluidos en prisión preventiva a raíz de las denuncias de un presunto aporte de tres millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de 2011 y de otro monto de dinero procedente de Venezuela en la campaña de 2006.

El fiscal superior Rafael Vela solicitó incorporar nuevos elementos al caso referidos a una supuesta solicitud de asilo a Francia, días antes de su detención preventiva, así como las denuncias de presiones contra un colaborador eficaz que acusó a la expareja presidencial.

El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la solicitud de la Fiscalía de encarcelar a la pareja, decisión que consideró “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar su presencia en el juicio que se seguirá en su contra.

El magistrado consideró que existe “un alto grado de probabilidad” de que ambos hubieran cometido los delitos de los que se les acusa.

Al igual que Humala, el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en Estados Unidos de la Justicia peruana, tiene una orden de detención preventiva por haber presuntamente recibido 20 millones de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país.

En Perú, Odebrecht ha admitido que entregó sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 a funcionarios y autoridades para obtener obras públicas en un periodo que comprende los Gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Humala.

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