IU quiere saber si entre los archivos que custodia la Fundación Felipe González hay información clasificada como secreta

La diputada Eva García Sempere ha registrado una batería de preguntas escritas al Ejecutivo en el Congreso para saber si el Gobierno de Pedro Sánchez considera correcto que documentos generados desde una responsabilidad pública no estén en archivos públicos sino en los de este tipo de entidades.

IU, que en el pasado ya preguntó sobre la documentación de carácter secreto que al parecer obra en poder de la Fundación Francisco Franco, quiere que el Ejecutivo explique si tiene constancia “de la existencia de documentación clasificada en la Fundación Felipe González y de que, en su caso, está custodiada adecuadamente”.

PARTICULAR INTERPRETACIÓN LEGAL

La diputada apunta que en la propia página web de la Fundación Felipe González figura una “particular interpretación” de la ley según la cual “la documentación que afecta a la Presidencia del Gobierno, al carecer de carácter administrativo, ha quedado al margen de las normas y las prácticas que rigen la conservación de la Administración General del Estado”.

Por ello, argumenta la fundación, “buena parte de la documentación generada por los distintos presidentes del Gobierno de la democracia en España, al no ser archivos públicos, permanecen en su ámbito privado”.

En opinión de IU, estas explicaciones no se ajustan a la Ley de Patrimonio Histórico Español que define como Patrimonio Documental “los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”.

Además, según recalca García Sempere, la ley deja claro que quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo determinados documentos, al cesar deberán entregarlos a quien les sustituya o remitirlos al archivo que corresponda.

La diputada considera que el archivo que gestiona la Fundación Felipe González “es de singular importancia sobre un periodo fundamental de la historia de España”, por lo que, desde su punto de vista, debe custodiarse conforme a la ley.