IU-ICV-CHA rechaza en el Congreso la reforma local del Gobierno y propone como alternativa eliminar diputaciones

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural, formado por IU, ICV y CHA, ha mostrado este lunes en el Congreso su rechazo al proyecto de ley de reforma local presentado por el Gobierno y ha propuesto alternativas como la eliminación de las diputaciones provinciales o la flexibilización de los objetivos de déficit para los municipios.

El texto de reforma local fue aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros y, a su llegada al Congreso para su tramitación parlamentaria, IU, ICV y CHA han presentado una enmienda de devolución ante lo que consideran una “involución democrática” que “atenta” contra la autonomía municipal, abre la puerta a la privatización de servicios y “destruye” empleo público.

Izquierda Plural considera necesaria una verdadera reordenación de las entidades locales con una ley que clarifique sus competencias y les otorgue la financiación necesaria para ejercerlas, frente al texto del Gobierno en el que advierten una “manifiesta inconstitucionalidad”.

Para ello, las tres formaciones proponen alternativas que pasan por medidas como la eliminación de las diputaciones provinciales, una institución que el presidente de Izquierda Plural y coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha calificado de “opaca, obsoleta” y plegada a “redes clientelares”.

Además, proponen flexibilizar los objetivos de déficit para las entidades locales, máxime teniendo en cuenta que se trata de las administraciones más saneadas económicamente, y aprobar una ley de financiación local con una participación mayor en los tributos del Estado --hasta un 33 por ciento--.

Izquierda Plural también exige que la reforma local respete las competencias de las autonomías, la suficiencia financiera de los municipios y establezca mecanismos flexibles para el adelanto de su participación en los ingresos del Estado (PIE); así como la necesidad de firmar convenios para posibilitar pagos reducidos del coste de energía en instalaciones municipales tales como centros educativos, sanitarios o socio sanitarios.

NI RACIONAL NI SOSTENIBLE

En rueda de prensa en el Congreso, Lara ha denunciado que la “mentira” de esta reforma empieza por su denominación oficial --proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local--, ya que “ni es racional ni es sostenible”.

“Atenta al poder democrático local, suprime servicios públicos para su privatización, potencia las diputaciones provinciales, destruye empleo público, no cuenta con una buena ley de financiación que otorgue suficiencia financiera a los ayuntamientos y hace más insostenible la vida en las zonas rurales”, ha repasado como principales fallos del texto presentado por el Gobierno.

Cayo Lara ha advertido además de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy presenta esta reforma con un “falso ahorro” de casi 8.000 millones de euros, algo que no será real y que el Gobierno sólo “vende como imagen a la Troika” dentro de sus políticas de recorte y austeridad.

Su compañera de formación y diputada Ascensión de las Heras ha advertido de que la reforma local supone una nueva configuración del modelo de Estado, por lo que ha augurado que, si el texto no es reformado ampliamente durante su tramitación parlamentaria, pondrá “en pie de guerra” a la ciudadanía.

AUSTERICIDIO DEL GOBIERNO

En el mismo sentido, la diputada de ICV Laia Ortiz ha enmarcado la reforma local dentro de la “contrarreforma conservadora” del Gobierno, que además “recentraliza” la administración sin tener en cuenta las competencias autonómicas ni los estatutos de segunda generación. “Es una ley al servicio del austericidio del Gobierno”, ha avisado respecto a este “castigo” a los municipios “como si fueran los responsables de la crisis económica”.

El diputado de CHA, Chesús Yuste, ha coincidido en que este texto de reforma local coincide con la senda del Gobierno, que “sabe muy bien lo que hace”, y busca “retroceder 40 años en los derechos conseguidos durante la Transición”.

“O cambia mucho texto o podría acabar abocado al Tribunal Constitucional”, ha reconocido Yuste haciendo hincapié en la situación que quedan los pequeños municipios, “al borde de la intervención” y “bajo el tutelaje” del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.