IU prevé denunciar a la Fundación Franco por “indicios” de delito de odio

La coordinadora en Galicia de Izquierda Unida (IU) y diputada de En Marea, Eva Solla, ha anunciado hoy su intención de denunciar ante la Fiscalía “indicios” de un delito de odio a la Fundación Francisco Franco por las declaraciones de sus portavoces.

En una conferencia de prensa, Solla ha explicado que las palabras de responsables de la citada Fundación, que gestiona el Pazo de Meiras, una residencia veraniega en Galicia propiedad de la familia Franco, pueden ser entendidas como un delito de odio, por “negar crímenes de lesa humanidad”.

Solla ha aludido así a una entrevista publicada por la cadena de televisión La Sexta en la que el portavoz de la citada Fundación, Jaime Alonso García, señaló que “Franco no fusilaba ni mandó fusilar” y que se trataba de “condenas a muerte” que en ocasiones “conmutaba”.

Por ello, ha señalado que IU está trabajando en la presentación de una denuncia “en próximas fechas”, aunque ha opinado que la Fiscalía “debería estudiar” de oficio el ánimo de esta entidad de “degradar a las víctimas”.

Además, ha censurado que todavía continúa sin cumplirse en España la Ley de Memoria Histórica y, en este sentido, ha denunciado la postura de las administraciones públicas que “amparan la actitud de una Fundación que niega los fusilamientos y condenas de muerte”.

Así, ha criticado la postura del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por mostrarse contrario a una expropiación del Pazo de Meirás a la familia Franco.

Feijóo afirmó ayer que “no va a utilizar mecanismos franquistas para conseguir un bien que el ordenamiento jurídico actual protege de acuerdo con su titular registral”, en alusión al citado palacete del municipio coruñés de Sada, obsequiado a la familia del dictador en condiciones cuestionadas por varios sectores.

Solla ha calificado las declaraciones de Feijóo de “vergonzosas” y de “bastante irresponsables” y ha considerado “absurdo que la Xunta utilice los mecanismos de expropiación” en favor de infraestructuras como carreteras, mientras le “tiembla la mano para expropiar a una familia y a una fundación que representan a un régimen sangriento”.

Por ello la diputada autonómica ha rechazado la “imposibilidad” de expropiar ese palacete que “no pertenece a la familia sino al pueblo”, en alusión a que fue adquirido por una organización franquista en 1938 en una forzada recolecta fondos entre ciudadanos y empresarios para regalarlo al dictador, originario de la vecina la localidad gallega de Ferrol.

Respecto a la multa de 4.500 euros impuesta por la Xunta la semana pasada a la familia Franco por incumplir el régimen de visitas al público a esa propiedad declarada bien de interés cultural, Solla ha considerado que la sanción es “irrisoria”.