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Iberdrola y Fiscalía piden de nuevo prisión para activistas de Greeenpeace

Iberdrola y Fiscalía piden de nuevo prisión para activistas de Greeenpeace

EFE

Valencia —

Iberdrola, Fiscalía y los vigilantes de la central nuclear de Cofrentes han pedido hoy penas de prisión para los activistas de Greenpeace que entraron en estas instalaciones en febrero de 2011, durante la vista en la que las acusaciones han planteado recurso contra la absolución dictada el pasado diciembre.

La vista se ha celebrado en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, con la presencia de los dieciséis activistas y el fotoperiodista independiente Pedro Armestre que participaron en la protesta.

Durante la misma, se ha presentado el recurso planteado por la multinacional energética, el Ministerio Fiscal y los vigilantes de la central contra la sentencia del pasado diciembre que les absolvió de los delitos de agresiones y desórdenes públicos.

En sus recursos, tanto el ministerio público como las acusaciones particulares han planteado la supuesta incoherencia de los hechos probados en el juicio de primera instancia con la sentencia, motivo por el cual han reclamado que se contemplen los delitos de desórdenes, daños en las instalaciones y lesiones.

La Fiscal mantiene la petición de dos años de prisión por el delito de desórdenes públicos y ocho meses por cada uno de los dos delitos de lesiones (3 años y 4 meses en total).

En su intervención, la Fiscal ha considerado que se causaron evidentes daños en la central, en una de cuyas torres de refrigeración se realizó una pintada; se alteró el orden público como evidencia la activación de protocolos de seguridad y la participación de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que los activistas “sabían que iba a haber enfrentamientos” y consecuencia de los mismos “se causaron evidentes lesiones”.

El letrado de Iberdrola ha subrayado que la sentencia de primera instancia considera “inverosímil” la declaración de los asaltantes pero, sin embargo, se fundamenta en ella para considerar que no hubo ánimo de alterar el orden público.

“Greenpeace dio medios en información a los participantes sobre las instalaciones , sabían que iban a alterar la paz pública, estuvieron más de 10 horas allí y acudieron más de cien policías, además de los daños, cuanto menos estéticos, que causaron”, ha apuntado.

La defensa de los vigilantes de la central nuclear ha insistido en que los activistas “arrastraron” a quienes trataron de oponerse al asalto, y ha aludido a las grabaciones e informes médicos que constan en la causa.

Estas grabaciones, según los argumentos de las defensas, se limitan a “siete minutos de las cerca de 12 horas grabadas”, y en las mismas no se observan lesiones ni ataques algunos.

Asimismo, han acusado a Iberdrola de pretender lograr una sentencia ejemplarizante para que no se dé la impresión de que “esto es gratis” y han tildado a la multinacional de “incompetente” porque “a partir de ahora será la Guardia Civil la que vigile las centrales”.

En su intervención, los abogados de los procesados han advertido que “entraron a la central unas 50 personas, de las que sólo se acusó a 17 sin siquiera identificar al resto, de los 24 vigilantes de la central sólo declararon 6, ningún perito ratificó el informe de daños de Iberdrola, no se citó al médico de la central que fue el primero en atender a los vigilantes y en las grabaciones no aparecen ni lesiones ni caídas”.

Estos letrados han cuestionado la necesidad de “demostrar la finalidad de Greenpeace, entidad pacifista que sólo pretendió evidenciar los peligros que entraña la continuidad de la licencia de explotación de la central”.

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