Ignacio González pide a Carmena que conteste a su petición de reingreso en su plaza de funcionario en el Ayuntamiento

Según la carta, escrita de su puño y letra y adelantada por El Mundo, González destaca que por los medios de comunicación ha tenido conocimiento de que en el Ayuntamiento “se han realizado gestiones relativas a la verificación” de su situación --ha pasado unos meses en la cárcel y sigue investigado por el caso Lezo-- y de la “inexistencia de impedimento alguno para el desempeño” de sus funciones“.

En este sentido, le recuerda a Carmena que “casi a diario, se recogen en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) resoluciones relativas a la cobertura de puestos vacantes en distintos servicios municipales con perfiles que se corresponden con el Cuerpo y Categoría” a la que él pertenece.

Por tanto, pide una “contestación a lo solicitado” teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que lo pidió --lo hizo en julio y la noticia se conoció el pasado mes de septiembre-- y “vistas las circunstancias anteriormente señaladas, referentes a la inexistencia de impedimento alguno para el desempeño de esas funciones, así como la existencia de vacantes en la plantilla municipal”.

Hace un mes el Ayuntamiento de Madrid explicaba que estaba evaluando la situación administrativa del expresidente para su reincorporación y que “en breve” tendrían una respuesta en la Gerencia de la Ciudad, encargada de tomar la decisión, en función de lo comunicado por el juez y de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid sostiene que no encuentra “impedimento legal” para que el expresidente de la Comunidad vuelva a su puesto de funcionario del Ayuntamiento de Madrid, al que solicitó volver a pesar de estar investigado en la investigación de la 'Operación Lezo'.

El pasado 24 de julio, González pidió su incorporación al Ayuntamiento de Madrid. Entonces Recursos Humanos decidió pedir información al juzgado por si éste hubiera impuesto alguna medida cautelar que supusiera la inhabilitación o suspensión para el ejercicio de la función pública. Esta petición se hizo en el mes de agosto.