Imbroda pide al Supremo declarar con la “máxima celeridad posible”

El presidente de Melilla y senador del PP, Juan José Imbroda, ha presentado hoy un escrito ante el Tribunal Supremo en el que pide declarar con la “máxima celeridad posible”, tras la apertura de una causa penal por un presunto delito de prevaricación en la contratación de un abogado.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP, Imbroda ha informado de que no va a formular recurso de súplica contra el auto del Supremo por el que se acuerda la apertura del procedimiento y que, por lo tanto, no es necesario pedir un suplicatorio al Senado, ya que el mandatario autonómico ha expresado su “voluntad” de comparecer y colaborar para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Ante una buena parte de los miembros de la Ejecutiva de su partido, el presidente ha dicho tener la conciencia “la mar de tranquila” porque tiene las “manos limpias”.

“Me puedo equivocar, y me habré equivocado, pero no he cometido ningún delito”, ha dicho Imbroda, quien ha subrayado que, para que haya prevaricación debe haber “mala fe y dolo”, circunstancias que él rechaza.

La causa que ha llegado ahora al Supremo, por la condición de aforado de Imbroda como senador, se inició a partir de una denuncia de una asociación de letrados, en el año 2001, cuando la ciudad contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación, por un gobierno anterior, pudo ser ilegal.

Según el presidente melillense, la contratación y las órdenes de pago de las minutas se basaron en informes de técnicos de la Administración, a los que no se opuso ni el interventor de la ciudad ni los técnicos de la Consejería de Administraciones Públicas ni el secretario de la Asamblea.

“Si esto es prevaricación, pues lo será”, ha asegurado Imbroda, quien ha resaltado que por parte de las administraciones se contratan habitualmente servicios externos, ya sean de abogados, arquitectos o veterinarios.

Ha insistido en que a él nadie le indicó que no debía proceder de la manera que se hizo y ha señalado que era difícil prever si el procedimiento se iba a alargar más de cinco años, en cuyo caso, debía ser el pleno de la Asamblea el que autorizara la contratación.

“A mí nadie me apercibió de que para contratar a un abogado se debía hacer un concurso público”, ha resaltado.

Imbroda ha dicho que respeta la Justicia y que, como demócrata, está obligado a dar cuentas, algo que espera hacer en cuanto lo llame el juez instructor, Francisco Monterde.

“Esto es lo que tengo, es lo que sé, lo que hice y lo que siento. Si eso es pecaminoso o delictivo, pues a lo mejor, pero que sepan ustedes que en ningún momento he sido consciente, ni una milésima de segundo, de que esto podía ser delictivo o podía ser irregular”, ha afirmado Imbroda.

Preguntado sobre si esto afectará a su designación como candidato del PP en las próximas elecciones, ha apuntado que depende de tres factores: que él esté disponible, que lo está; que lo apoye el PP de Melilla, que sí le respalda, y que le designe el presidente nacional del partido.