Incertidumbre política en Ecuador ante la negativa del vicepresidente a renunciar

La negativa del vicepresidente sin funciones Jorge Glas a renunciar, pese a haber sido condenado a seis años de cárcel, abre un período de incertidumbre política y judicial en un Ecuador pendiente, además, de la consulta popular.

El pasado miércoles, un tribunal de primera instancia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a Glas, quien ingresó en prisión preventiva en octubre pasado, a seis años de cárcel en un caso de asociación ilícita por la trama de sobornos de Odebrecht, y ahora se juega la carta de la apelación.

Su defensa ha tildado la sentencia de “inicua” y “bárbara”, y ha criticado al tribunal por haber aplicado una normativa anterior que perjudicó a Glas, pese a que la Constitución, según dijo, permite la aplicación de una nueva norma más benigna.

Una tesis que también comparte el expresidente y amigo de Glas, Rafael Correa, quien ha detallado que, de acuerdo al código actual, el castigo para el delito de asociación ilícita, es de 3 a 5 años, “con lo cual se puede suspender la pena”, escribió en Twitter, red social en la que agregó que “le ponen 6 años para hacerle perder la Vicepresidencia”.

Sin sentencia en firme, Glas aún cuenta con algunos recursos judiciales e incluso uno extraordinario ante la Corte Constitucional relacionado con violación de derechos, por lo que la situación definitiva del vicepresidente aún tiene algunas semanas para resolverse, según analistas.

Y aunque algunos políticos y ciudadanos de a pie consideran que Glas debería renunciar para dar tranquilidad al Ejecutivo, esa posibilidad se ve lejana pues es de los pocos activos políticos que le quedan al vicepresidente, que está distanciado del jefe de Estado, Lenín Moreno.

Las diferencias entre ambos se hicieron evidentes desde la campaña para la segunda vuelta de las presidenciales, en las que poco aparecieron juntos y en las que, incluso, en la mayoría de los carteles de propaganda figuraba Moreno en solitario.

Pero ya en el Gobierno, las diferencias se profundizaron al extremo de que Moreno le retiró las funciones después de que Glas le cuestionara cuando dijo que heredó un país en una “crítica” situación económica de manos de su correligionario Correa, de quien Glas fue vicepresidente los últimos años de su década de Gobierno.

Pero si ya sin funciones Glas se negó a renunciar, el analista y profesor de Política Comparada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago Basabe, ve “poco probable” que lo haga y comenta a Efe que el Ejecutivo tendrá que “lidiar” con él.

Basabe cree que Glas no renunciará ni siquiera si fuese sentenciado en firme.

Pero mientras Glas se juega sus últimas cartas en la CNJ, otro frente se le abre en la Asamblea Nacional, donde hoy mismo analizan si avanza o se archiva una petición de juicio político en su contra, una acción que ya antes había sido desechada por la legislatura, hecho que recibió duras críticas de la oposición en su momento.

“Estábamos hablando de la inocencia o culpabilidad de ciudadanos frente a delitos, por tanto, evitar cualquier situación que presione a jueces y fiscales era fundamental. Ahora que ya existe un fallo, nosotros también tomaremos cualquier decisión política”, dijo esta semana el presidente de la Asamblea, el oficialista José Serrano.

Si el Consejo de Administración Legislativa da paso hoy a trámite al juicio político, la decisión irá a la Corte Constitucional que puede tomarse un tiempo “indeterminado en calificar”, tras lo cual volverá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y luego al pleno, señala Basabe.

“Mientras pasa todo esto, la sentencia judicial estará ejecutoriada”, especula al recordar que con esa medida Glas perdería los derechos de ciudadanía, elemento fundamental para ejercer el cargo de vicepresidente en un Ecuador que está, además, a la espera de los resultados de una consulta popular que tendrá lugar en febrero próximo.

En esa consulta, entre otros asuntos, se contempla la posibilidad de eliminar la reelección indefinida y de suprimir de por vida de los derechos políticos para funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción.