La abogada de Inés del Río reprocha a las asociaciones actuar con planteamientos políticos más que como víctimas

Amaia Izko, la abogada de la expresa de ETA Inés del Río, ha censurado este viernes la posición de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, que a su juicio “no se avienen con esa condición de víctima” sino que “defienden un planteamiento político”.

La abogada se ha referido así a la reacción de algunos familiares de víctimas de ETA en algunas cárceles en las que estaban siendo excarcelados presos de la banda tras la derogación de la 'doctrina Parot', a los que insultaron, gritaron e incluso zarandearon.

Tras defender que estos reclusos “han cumplido plenamente su condena” y han estado en la cárcel “más tiempo” del que debían, la abogada de Inés del Río ha asegurado respetar los sentimientos de las víctimas pero ha insistido en que algunas asociaciones “no se avienen con esa condición de víctima”, sino que “defienden un planteamiento político”.

A su juicio, esta actitud no tiene que tener “más legitimidad” porque se haga “por parte de las víctimas”, ya que considera que una vez “clarificado totalmente el panorama” con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “no hay ningún margen para no aplicar lo que claramente ha dicho Estrasburgo”.

“Como no se puede aplicar esta doctrina de modo retroactivo, sólo queda que salgan los presos y, clarificados todos los extremos, tienen que salir cuanto antes porque estas personas están tiempo de más en prisión”, ha añadido.

REEDICIÓN DE LA LEY DE TALIÓN

Así, ha reiterado que la 'doctrina Parot' es fruto de “una decisión política” y supone “una reedición adaptada de la Ley de Talión”, por lo que ha mostrado su satisfacción al haber contribuido a “la defunción” de lo que han sido “los años más negros de la práctica judicial en el Estado español”.

Tras señalar que, en base a ello, los reclusos a los que se les aplicó esta doctrina con carácter retroactivo tienen que ser puestos en libertad “cuanto antes” porque han estado “de más en prisión”, ha considerado que, quienes gritan a los excarcelados, no mantienen “una posición de víctimas”, sino de defensa de “un planteamiento político”.

Durante su intervención en un debate celebrado en San Sebastián, durante los XV Encuentros Jurídico-Penitenciarios, en el que ha compartido mesa con el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, la letrada ha afirmado que la 'doctrina Parot' “vulnera los derechos fundamentales, el principio de legalidad penal y el derecho fundamental a la libertad”.

En este sentido, ha asegurado que “esta situación, que se ha extendido desde el 2006 y sigue en este momento en vigor, se debe a una decisión política, como se ha visto en su desarrollo y en su final”.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

La letrada ha señalado que el Poder Judicial “se prestó a revestir en términos jurídicos una decisión política que se ha mantenido”, pese a la decisión del Tribunal de Estrasburgo del año pasado, ahora ratificada, por la que se derogaba la aplicación de la retroactividad de la doctrina y se ordenaba la excarcelación de Del Río.

Por ello, ha asegurado que se alegra “de haber participado en la certificación de su defunción”. “Ha sido uno de los puntos más negros de la práctica judicial del Estado español en los últimos años. Se hace para presionar al colectivo de presos, a su organización, y, con el objetivo de lograr réditos en la lucha antiterrorista, se pasa por encima aspectos como los derechos fundamentales”, ha indicado tras apuntar que “es la reedición adaptada al siglo XXII de la Ley del Talión”, del que “quien la hace, la paga”.

La letrada ha apuntado que el hecho de que la Audiencia Nacional haya determinado este jueves que sean las salas y no el pleno de este Tribunal las que tomen la decisión sobre las excarcelaciones, “va a agilizar el procedimiento y eso, en términos del derecho fundamental a la libertad, es muy importante”.