Instructor del Supremo recomienda que el Congreso decida la suerte de Temer

El magistrado Edson Fachin, instructor en el Supremo de la denuncia por corrupción contra el presidente de Brasil, Michel Temer, recomendó hoy que el caso sea remitido al Congreso para que decida si avala la apertura de un juicio penal.

Fachin se manifestó así ante el pleno del tribunal, que debe decidir sobre una apelación presentada por la defensa de Temer, que pide suspender el trámite al menos hasta que acabe una investigación abierta sobre los testimonios de los dueños del grupo JBS, que han servido de base a las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

La negativa del juez instructor será discutida por los otros diez miembros de la corte, que definirán si los cargos de obstrucción de la justicia y asociación ilícita llegarán a la Cámara baja, que por normas establecidas en la Constitución debe avalar la apertura de un juicio penal contra un mandatario en ejercicio del poder.

La investigación sobre lo declarado por los propietarios de JBS fue iniciada después de que la Fiscalía anuló los beneficios de un acuerdo de cooperación judicial que firmaron, tras comprobar que habían mentido u omitido información sobre casos de corrupción.

Sin embargo, la propia Fiscalía sostuvo que muchas de las pruebas obtenidas con esos testimonios no perdieron validez y contienen unos “serios indicios” de que Temer pudo haber incurrido en prácticas ilegales antes y después de asumir el poder, en mayo del año pasado, cuando comenzó el proceso de destitución de Dilma Rousseff.

En ese punto, Fachin consideró que la Corte Suprema no estaría en condiciones de analizar esas pruebas hasta tanto la Cámara baja no se pronuncie sobre la procedencia de las acusaciones y el eventual inicio de un juicio penal en contra del mandatario.

La denuncia en trámite es la segunda que la Fiscalía presenta en contra del mandatario desde mayo pasado, cuando fueron revelados los testimonios de los hermanos Joesley y Wesley Batista, del grupo JBS, quienes dijeron que sobornan a Temer al menos desde 2010.

Los primeros cargos, por corrupción pasiva, llegaron a la Cámara de Diputados, en la que la mayoritaria base oficialista los rechazó y con ello archivó el caso.

Si la tesis de Fachin fuera aceptada por los otros miembros de la corte, la nueva denuncia será dirigida a la Cámara baja, en la que el trámite deberá comenzar en la Comisión de Constitución y Justicia y concluir en el pleno, tras quince sesiones de debates.

En el pleno, la apertura de un juicio contra el mandatario solo sería aprobada si lo apoyan al menos 342 diputados, que representan una mayoría calificada de dos tercios.

En el caso de la primera denuncia, 263 diputados rechazaron las acusaciones, mientras que 227 pidieron que Temer respondiera ante los tribunales, lo cual lo hubiera suspendido del cargo durante los seis meses que habría durado el proceso.