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Interior se escuda en que la condena por no investigar torturas a etarras alude a los tribunales, no al Gobierno

Interior se escuda en que la condena por no investigar torturas a etarras alude a los tribunales, no al Gobierno

EUROPA PRESS

MADRID —

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado este miércoles en el Congreso de los Diputados a la “separación de poderes” para defender que las condenas dictadas contra España por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas aluden a la actuación de los tribunales y no al Gobierno. El diputado del PNV Emilio Olabarría le había preguntado acerca de cinco condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado lo suficiente sendas denuncias de malos tratos a etarras.

Ha defendido el ministro que en España existe la “separación de poderes” y le ha recordado al diputado nacionalista que el tribunal europeo no ha condenado a España por torturas ya que “no ha entrado a valorarlas”, sino “a la insuficiente investigación judicial por lo que no refiere al Gobierno, sino a otro poder del Estado”. Además, ha explicado que los hechos que tratan esas sentencias “traen causa de hechos en legislaturas anteriores”.

“Para nada se refiere al poder Ejecutivo, se refiere a la insuficiente investigación judicial en relación a estos temas”, ha insistido al tiempo que ha reiterado que “en el Reino de España hay tres poderes del Estado”. “Debería ser mas prudente a la hora efectuar según qué tipo de denuncias”, le ha afeado al diputado del PNV al que le reiterado que “no se condena a España por la existencia de torturas”. “Esas cinco sentencias se circunscriben a la actuación procesal de nuestros tribunales”, ha zanjado.

“RIGUROSO CONTROL JUDICIAL”

El ministro ha recordado que “esas cinco denuncias se refieren a presuntos miembros de ETA a los que se les aplicó la incomunicación (tras su detención) que ya dispone de un riguroso control judicial”. Además, ha citado la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal para destacar que se van a introducir medidas “contra acciones que atenten contra la integridad”.

Ha añadido que de los últimos 80 terroristas (tanto etarras como yihadistas) detenidos en España “a ninguno se le ha aplicado ya la detención incomunicada”.

En su replica, le ha reprochado al diputado nacionalista que haya realizado esta pregunta cuando él era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el momento en el que se produjeron algunos de los hechos denunciados. “Pregúnteselo a sí mismo y no traiga aquí esta cuestión”, le ha contestado porque, según ha dicho, “no es ni del Poder Ejecutivo ni del Ministerio del Interior”.

200.000 EUROS

Olabarría en cambio ha insistido en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es al Reino de España a quien a condenado con el pago de 200.000 euros en concepto de indemnización y que el Gobierno de España es el responsable de mantener la actual política antiterrorista que no está dispuesto a cambiar. A su juicio se trata de “una política de excepción” y ha acusado al ministro de actuar “como si en Euskadi no hubiese pasado nada”. “No asume que la situación es muy diferente”, ha añadido.

Ha denunciado que lo que hace el tribunal europeo es dictar una “amonestación severa” contra España por no investigar con diligencia los casos de tortura “con carácter general” y ha citado un informe elaborado por el Gobierno vasco y coordinado por el forense Carlos Echeverría en el que se cifra en 3.587 los casos de torturas y malos tratos entre 1960 y 2013.

También ha recogido otros estudios en los que se habla de 6.000 denuncias de tortura “que son veraces, con suficiente fundamento”. “No se si estos datos le abochornan, creo que a cualquiera le deberían abochornar”, ha insistido Olabarría, quien ha finalizado diciendo que esta actitud demuestra “la calidad democrática de un Estado”.

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