Interior prepara un plan de choque contra las agresiones a los funcionarios en las cárceles

El Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha redactado un Protocolo Específico de Actuación frente a la violencia en los centros penitenciarios y centros de inserción social, que recoge una lista de estrategias y medidas preventivas, así como de actuación, para llevar a cabo en caso de que se manifieste algún tipo de violencia hacia los funcionarios por parte de algún interno.

El borrador, recogido por Europa Press, apunta que dentro de la estructura penitenciaria se destinan más de 15.000 funcionarios a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios. Esta parte del personal realizan su actividad con internos que, en un porcentaje elevado, presentan carencias sociales, educativas y culturales, así como una mayor predisposición a desarrollar comportamientos agresivos.

Esto supone un riesgo añadido para los funcionarios de prisiones que tratan directamente con dichos internos. De hecho, el Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que, según sus datos, en el último año se han registrado al menos 220 agresiones de internos al personal funcionario, 54 de ellas graves. “Esto supone una agresión de media cada dos días”, avisó el sindicato en un comunicado.

Frente a esto, Instituciones Penitenciarias pone de manifiesto la necesidad de disponer de un Protocolo “específico” de actuación en el ámbito penitenciario considerando que “prevenir y minimizar” las conductas violentas en los centros es una cuestión que “debe abordarse desde una perspectiva integral de seguridad”. El desarrollo del dicho Protocolo frente a la violencia en el trabajo fue acordado por la Comisión del Interior, en su sesión del 18 de Octubre del 2016, respecto a una proposición no de Ley.

El documento tiene como propósito “la mejora constante de la actividad penitenciaria”, así como “el deber de protección de la integridad física de los empleados públicos penitenciario” y de proporcionar espacios de trabajos seguros. El Protocolo se aplicará a todos los empleados públicos de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

CENTRADO EN LA FORMACIÓN

El Protocolo se centra en medidas relacionadas con el análisis y el diagnóstico de situaciones que puedan desembocar en violencia por parte de internos, pero como medida preventiva destaca la formación a los funcionarios en el manejo de situaciones conflictivas. Así, una vez establecido el diagnóstico que permita establecer en qué lugares, módulos o actos regimentales se produce un mayor riesgo, los trabajadores que desempeñen su trabajo en dichos puestos recibirán “formación específica”.

Entre las actuaciones formativas, el documento señala: la identificación de factores de riesgo en situaciones conflictivas, el conocimiento de los procedimientos de actuación de seguridad necesarios en determinadas actividades consideradas de riesgo, el manejo personal adecuado de situaciones conflictivas mediante 'Técnicas de resolución de conflictos', la utilización adecuada de medios coercitivos y el conocimiento de estrategias de defensa personal.

Además de esto, para luchar contra la violencia en las cárceles, el Protocolo establece la necesidad de disponer de un Registro de Agresiones específico que permita recopilar y ordenar la información de forma sistemática de todas las agresiones que se produzcan en los centros. Así, también hace incapié en hacer un marcado seguimiento de los casos que se registren en dicha recopilación.

La información recopilada permitirá realizar un diagnóstico de la situación y sistematizar las posibles causas de las agresiones para llegar a establecer medidas preventivas más eficaces. Para llevar a cabo este análisis se ha constituido un Equipo Multidisciplinar integrado por personal de distintas Subdirecciones Generales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Como medida proactiva, el Protocolo también define que el Plan de Seguridad de la Administración Penitenciaria, que establece los procedimientos de actuación ante incidentes regimentales, pueda “revisarse” o, en todo caso, “homogeneizar los procedimientos de actuación en las zonas de trabajo en las que se origina mayor riesgo de situaciones violentas dentro de los centros.

El borrador ha sido remitido al CSIF, después de que este haya demandado de forma “reiterada” a Interior que tomase medidas sobre la violencia hacia los funcionarios de prisiones por parte de los internos. El sindicato analizará en conjunto con el organismo para “mejorar la manera de afrontar el problema” de este tipo de violencia.