La Interventora General se remite a Montoro para negar el gasto público en el 1-O

La Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, se ha remitido hoy a las afirmaciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para negar ante el juez que el Govern destinara dinero público al 1-O y ha asegurado que así se desprendía de la documentación contable que ella fiscalizaba.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Vidal, que certificó ante el juez que la Generalitat no había gastado ni un euro de dinero público en el 1-O, ha declarado hoy como investigada ante el juez de Barcelona que indaga los preparativos del referéndum, junto a otros cargos del gobierno catalán.

La Interventora General, funcionaria de carrera, ha explicado que cuando en abril de 2017 el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum independentista, bloqueó todas las partidas que el gobierno catalán había aprobado para organizar la consulta, con el fin de evitar que pudieran utilizarse.

A partir de ese momento, ha añadido la Interventora al juez, de la documentación contable y los expedientes de gasto de la Generalitat que ella fiscalizó no se desprende ni una sola partida destinada a organizar el referéndum, tal y como el propio exministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirmó que le constaba.

No obstante, la Interventora ha precisado que si esos expedientes que supervisaba estaban falseados para encubrir gastos del referéndum, ella no tenía manera de saberlo.

El juez citó como investigada a la Interventora, al entender que había tratado de “impedir” que se conociera el gasto público de la consulta y por no haber alertado de una factura que la empresa Unipost, que según la Guardia Civil se encargó del reparto postal del 1-O, habían intentado cobrar fraudulentamente a la Generalitat.

Vidal ha reconocido que la Generalitat pagó el año pasado una factura al Diplocat -entidad que según los investigadores financió los gastos de los observadores internacionales del 1-O-, pero ha precisado que de la misma no se desprendían indicios de que estuviera vinculada con el referéndum.

En ese sentido, ha aclarado que el Diplocat tiene entidad jurídica propia y, por lo tanto, las facturas emitidas por el mismo no requieren autorización previa, sino que son fiscalizadas por la Intervención General a posteriori.

Ante el juez también ha declarado hoy el director del Institut d'Estadística de Cataluña (Idescat), Frederic Udina, a raíz de un informe de la Policía Nacional que apunta a que esta entidad cedió irregularmente datos personales de los ficheros del Registro de Población de Cataluña al departamento de Vicepresidencia y Economía para elaborar el censo global de votantes del 1-O.

Udina ha explicado ante el juez que la cesión de datos se llevó a cabo en el marco de un convenio de colaboración con la Generalitat, absolutamente legal, previsto para consultas no refrendarias, por lo que no pensó que iban a utilizarse para el referéndum.

Por la supuesta cesión irregular de los datos del 1-O ha sido interrogado como investigado el jefe del gabinete técnico de la consellería de Vicepresidencia y Economía, Daniel Gimeno, que fue detenido junto a Udina en la operación policial que el juez ordenó el pasado 12 de junio, aunque ambos quedaron en libertad tras comparecer en comisaría.

Gimeno, han añadido fuentes jurídicas, se ha desvinculado del convenio firmado con el Idescat y ha negado cualquier relación con la organización del referéndum, han añadido las mismas fuentes.

El objetivo del magistrado es averiguar si el Govern obtuvo irregularmente el censo del 1-O, después de que un informe de la Policía Nacional revelara indicios de que el Idescat cedió datos personales de los ficheros del Registro de Población de Cataluña al departamento de Vicepresidencia y Economía para elaborar el censo global de votantes.