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Irom Sharmila presenta su candidatura política en India tras 16 años de ayuno

Irom Sharmila presenta su candidatura política en India tras 16 años de ayuno

EFE

Nueva Delhi —

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La activista india Irom Sharmila presentó hoy su candidatura a las elecciones de marzo en su estado natal Manipur, seis meses después de dejar una huelga de hambre que mantuvo durante 16 años y que suspendió para pasarse a la política.

“¡La lucha ya es oficial!”, celebró el partido creado por Sharmila, el PRJA (Resurgimiento del Pueblo y Alianza por la Justicia), en un comunicado ilustrado con imágenes de la activista haciendo oficial su candidatura por el distrito de Thoubal a la Asamblea legislativa de Manipur, en el noreste de la India.

Sharmila y otros miembros de su formación, armados con un silbato (el símbolo del partido), completaron la jornada de hoy con un acto político en el que hicieron sonar los aparatos en el momento en el que el actual jefe de Gobierno de Manipur, Ibobi Singh, presentaba su campaña a la reelección, mientras lo acusaban de “corrupto”, según el PRJA.

La activista inició una huelga de hambre en el año 2000 contra la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA), una norma aprobada en 1958 para el nordeste de la India que permite a las fuerzas de seguridad actuar al margen del sistema de Justicia.

La protesta de Sharmila comenzó tras el asesinato de diez personas en una parada de autobús en el pueblo manipurí de Malom a manos de efectivos del Ejército indio.

Durante años, la activista fue alimentada a la fuerza con suero a través de una sonda y permaneció bajo custodia policial hasta que abandonó la huelga de hambre el pasado agosto.

Entonces anunció que quería aspirar a la jefatura del gobierno de Manipur, uno de los estados nororientales unidos al resto de la India por un estrecho pasadizo entre Bangladesh y Bután, algo que acentúa las abismales diferencias socioculturales que los separan del subcontinente.

La AFSPA, que se aplica en esta zona del país asiático, permite el uso de fuerza letal contra quien incumpla leyes u órdenes y da a las fuerzas de seguridad capacidad de actuar sin mandato judicial, una discrecionalidad que según Amnistía Internacional les permite “ejecutar y torturar con impunidad”.

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