Islamabad dice tras las críticas del Ejército que la seguridad es una tarea conjunta

El Gobierno de Pakistán defendió hoy que la implementación del paquete de medidas antiterroristas es una “responsabilidad compartida” de todas las instituciones, un día después de que el Ejército criticase el avance de la iniciativa y pidiese acciones gubernamentales “complementarias” a sus ofensivas.

“La puesta en marcha del Plan de Acción Nacional (NAP, siglas en inglés) es una responsabilidad compartida y todas las instituciones deben desempeñar su papel manteniéndose dentro del ámbito de la Constitución”, indicó en un comunicado Mussadiq Malik, portavoz del primer ministro, Nawaz Sharif.

El Ejecutivo lanzó el NAP tras el ataque talibán a una escuela que el pasado diciembre causó la muerte de 125 niños en el noroeste del país y en su marco las tropas paquistaníes intensificaron sus ofensivas en esa zona.

El jefe del Ejército, Raheel Sharif, advirtió ayer en una conferencia de comandantes de que para obtener resultados a largo plazo las operaciones militares deben ser complementadas con iniciativas del Gobierno, informó el servicio de comunicación de los militares (ISPR) en un comunicado.

“El desarrollo de la implementación del NAP, la finalización de las reformas de FATA (áreas tribales noroccidentales) y concluir como prioridad todos los JITs (equipos de investigación conjunta) fueron destacados como problemas que pueden minar los efectos de las operaciones”, agregó el ISPR.

El Gobierno, por su parte, aseveró en su nota que los resultados de sus políticas son “visibles” en la mejora de la situación del orden público y el “vibrante” desarrollo económico y aseguró que continuará con el NAP y sus demás iniciativas.

“Las acciones decisivas tomadas por el Gobierno contra el extremismo y el terrorismo durante los últimos dos años han sido ampliamente reconocidas”, manifestó el portavoz del primer ministro.

El dirigente, que había sido depuesto en un golpe de Estado militar en 1999, volvió al poder en 2013 y desde entonces ha mantenido una difícil relación con los uniformados por su intento de acercamiento a la India y el juicio por traición al exdictador militar Pervez Musharraf.

También contribuyó a las disputas el retraso en favor del diálogo de una de las ofensivas militares en el noroeste del país, en las que desde su inicio el pasado año han muerto más de 3.500 supuestos insurgentes y cerca de 300 militares.