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La JEC decidirá mañana si sanciona a Sánchez por usar la Moncloa antes del 10N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de comenzar una entrevista en el Palacio de la Moncloa.

EFE

Madrid —

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La Junta Electoral Central (JEC) decidirá mañana si sanciona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la entrevista que ofreció en el palacio de la Moncloa durante los días previos a la campaña electoral del 10N.

Fuentes del árbitro electoral han señalado a Efe que lo que mañana verán los integrantes de este organismo es la propuesta de sanción que ha tramitado el magistrado Eduardo de Porres, magistrado que forma parte de la Junta.

La cuantía de la sanción rozaría los 3.000 euros si efectivamente la JEC acuerda expedientar al presidente del Gobierno.

Mañana se pondrá fin al procedimiento que el órgano que supervisa los procesos electorales inició el 30 de octubre tras analizar una reclamación del PP.

Al estudiar el escrito del Partido Popular, la JEC comprobó que esa entrevista de Sánchez a La Sexta suponía una vulneración del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Este apartado de la norma prohíbe a los representantes de los poderes públicos recurrir a “medios institucionales” -la Moncloa en este caso- en época electoral. Los comicios generales del 10 de noviembre se convocaron formalmente el 24 de septiembre, así que fue entonces cuando comenzó dicha época electoral.

La Junta estimó este aspecto, pero también que la entrevista, después de darla, se reprodujo íntegramente en la web de la propia Moncloa, y en ella aparecen manifestaciones de Sánchez con cariz “electoralista”.

Otro elemento que influyó en la decisión de la Junta de abrir expediente a Sánchez fue que no se trataba de la primera vez que el Gobierno incurría en prácticas similares dentro de la misma época electoral.

El 17 de octubre de 2019 la Junta advirtió al Ejecutivo en funciones por haber hecho declaraciones “electoralistas” en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la sala correspondiente de la Moncloa.

Por esta razón, a la entonces portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se le abrió otro expediente, sobre el cual también decidirá la Junta en la reunión de mañana.

Este tipo de procedimientos sancionadores suelen tardar unos tres meses, justo el tiempo que ha empleado la Junta con Sánchez y Celaá.

El instructor, al recibir el caso, se dirige al afectado para que haga las alegaciones que considere, y posteriormente redacta una primera propuesta de sanción. El texto se envía otra vez al interesado porque dispone de un nuevo plazo de alegaciones.

Una vez estudiadas, el instructor escribe la propuesta definitiva y la Junta, a continuación, la analiza para decidir. Esto es lo que pasará mañana.

Por ser Sánchez autoridad pública, la sanción oscilará entre los 300 y los 3.000 euros, la horquilla que determina el artículo 153.1 de la Loreg.

Además, los treces integrantes de la Junta retomarán mañana la situación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La Junta instó a la retirada de su credencial como diputado catalán por haber sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero la Mesa del Parlament ha determinado que siga en el escaño. El asunto está ahora en manos del Tribunal Supremo.

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