JpD denuncia que la falta de medios hará que siga habiendo papel en los juzgados desde enero

La asociación Jueces para la Democracia (JpD), de corte progresista, ha denunciado este jueves que pese al anuncio del Gobierno sobre la llegada del “papel cero” a los juzgados el próximo 1 de enero la carencia de instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial obligará a seguir trabajando con papel.

Únicamente se podrán presentar documentos por vía telemática, si bien éstos deberán ser impresos luego por los funcionarios, según aseguran desde esta asociación de jueces.

Según JpD,el proceso de modernización, “tras ser anunciado a bombo y platillo” por el ministro Rafael Catalá, ha estado marcado por la improvisación, la descoordinación y la precipitación con fines electorales.

“No ha existido una actuación rigurosa, planificada con las distintas administraciones implicadas, ni con los operadores jurídicos afectados, entre ellos las juezas y los jueces. Tampoco se ha contado con los instrumentos técnicos adecuados para una iniciativa de esta relevancia”, denuncian en un comunicado remitido este jueves.

“El resultado nos muestra que el objetivo denominado ”papel cero“ era un mero anuncio propagandístico, para intentar paliar a última hora la deficiente gestión en materia de Justicia de esta legislatura”, lamentan, para añadir que la realidad “es que este apresuramiento preelectoral lo que puede provocar son disfunciones en los juzgados y tribunales por la falta de herramientas para poner en marcha el proceso de digitalización”.

Desde Jueces para la Democracia lamentan que una transformación “que podía ser ilusionante en el ámbito judicial, por las perspectivas de mejora del servicio público, se haya vuelto a convertir en una situación de incertidumbre por su uso electoralista, su descoordinación y la insuficiencia de medios técnicos para su implantación”.

Por ello, reclaman a los responsables ministeriales una mayor responsabilidad en sus actuaciones y les recuerdan que “la administración de justicia merece una gestión más rigurosa, como institución donde se adoptan decisiones especialmente relevantes sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía”.