JpD cree que las “presiones” del PP hacen “flaco favor” a la Fiscalía y celebra que no se pliegue a sus indicaciones

Así ha respondido Joaquim Bosch a las puerta de la Audiencia Nacional al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, dando por hecho que el Ministerio Público presentará una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

A su juicio, las indicaciones dadas por el partido que sustenta al Gobierno para que presente una querella incluso haciendo una “mención expresa” sobre sus términos “no son noticias positivas para la credibilidad de las instituciones”.

“Es evidente que la Fiscalía General del Estado tiene una estructura jerárquica y el fiscal general ha sido nombrado a propuesta del Gobierno, pero no tiene por ello que seguir automáticamente las indicaciones del Gobierno y del partido que lo sustenta”, ha explicado.

El portavoz de Jueces para la Democracia ha advertido de que con estas actuaciones se hace un “flaco favor a la credibilidad” de la propia Fiscalía, que da la impresión de que en lugar de buscar la defensa del interés público y la legalidad “puede actuar de forma instrumental al servicio de un partido político”.

“Yo valoro positivamente que, según todos los datos, la Fiscalía General no se haya plegado inicialmente a estas presiones y esté analizando jurídicamente sin concurren delitos o no porque creo que si hubiera seguido miméticamente las indicaciones del partido del Gobierno, esto hubiera dejado en muy mal lugar a la Fiscalía”, ha remarcado.

DUDOSA RESPONSABILIDAD PENAL

Con todo, Bosch considera que es “discutible” la responsabilidad desde el punto de vista penal que pueda concurrir a raíz del proceso participativo del 9N y que cualquier acción debe contar con un “fundamento sólido”.

“Es dudoso que pueda concurrir un delito porque el propio Tribunal Constitucional no hizo un requerimiento expreso sobre la desobediencia”, ha indicado, para concluir que se organizó por entidades ciudadanas dejando aparte los actos administrativos.

Jueces para la Democracia ha acudido a la Audiencia Nacional para presentar una demanda pionera de conflicto colectivo contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de un plan de prevención de riesgos laborales, un servicio contratado en esta materia y un sistema que determine la carga “real” de trabajo de los juzgados, más de la mitad de ellos saturados.