Juanes ve necesario suprimir paraísos fiscales para luchar contra corrupción

El vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, considera “necesario” suprimir “de una santísima vez” los paraísos fiscales, y más en Europa, para luchar contra la corrupción.

Juanes ha participado en una mesa redonda en la jornada de clausura del XXIX Congreso de jueces de la asociación “Francisco de Vitoria” junto al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska.

El vicepresidente del Tribunal Supremo ha atribuido los retrasos que se achacan a la Audiencia Nacional a la complejidad de muchos de los procedimientos que se instruyen en esta instancia judicial, complicadas en muchas ocasiones por la necesidad de enviar comisiones rogatorias a paraísos fiscales.

Por esta razón, ha considerado que se debería reforzar el trabajo de los jueces, fundamentalmente en la Audiencia Nacional, con un cuerpo de abogados y peritos que auxilien a los jueces y agilicen su tarea, porque “no siempre se trata de ampliar la plantilla de jueces”.

En este sentido, el vocal de Consejo General del Poder Judicial Fernando Grande-Marlasca, ha expresado la “preocupación real y cierta” de este órgano de gobierno de los jueces por facilitar el trabajo de los jueces y porque su carga de asuntos sea “razonable”, aunque no ha querido valorar la denuncia formulada contra el propio consejo y el Ministerio de Justicia por la Asociación Jueces para la Democracia “en ejercicio de su derecho”.

En cuanto a la petición de extradición de varios antiguos responsables políticos españoles por delitos de lesa humanidad, formulada por la jueza argentina María Servini, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha asegurado que en este caso se actuará “con independencia y transparencia”, aunque ha rehusado hacer declaraciones sobre este asunto.

En todo caso, ha asegurado que todavía no le consta que se haya recibido la documentación de la Interpol para solicitar la extradición y ha recordado que el procedimiento establece que el Gobierno puede restringir esa extradición, independientemente de la decisión que adopte la Audiencia Nacional.

Sobre este asunto, el vicepresidente del Tribunal Supremo ha afirmado que la judicatura española está “en uno de sus mejores momentos”, ha sostenido que no tiene politización como estamento, independientemente de las ideas de cada juez y magistrado, y está realizando una buena labor en la defensa de derechos fundamentales“.

Juanes se ha referido también a la petición del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que la instrucción de los procedimientos, actualmente en manos de los jueces, pase a los fiscales y los jueces se limiten a vigilar que se garanticen los derechos fundamentales en los procedimientos.

En su opinión, la “tradición y costumbre” ha funcionado bien dejando la instrucción como atribución de los jueces, aunque ha considerado que podrían encargarse los fiscales, siempre que se modifique el Estatuto del Fiscal para asegurar que los fiscales instructores son autónomos y no dependen de su superior jerárquico para tomar decisiones en los procedimientos que instruyan.