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Juez impone prisión preventiva para extesorero del partido de Keiko Fujimori
El extesorero del partido fujimorista Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, recibió hoy tres años de prisión preventiva por un presunto lavado de activos en la financiación de la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011.
La medida fue impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ya envió también a prisión preventiva por el mismo caso a Keiko Fujimori y a los asesores de esta Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.
A Mejía Lecca se le imputa los presuntos delitos de lavado de activos y obstrucción de la justicia, a pesar de que intentó cambiar su declaración en las sesiones anteriores de la misma audiencia, celebrada en el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
El extesorero gestionó presuntamente la contabilidad ficticia de Fuerza Popular con la simulación de múltiples donaciones de personas particulares a las que se les pidió que prestaran su nombre y firma para supuestamente ocultar grandes cantidades dinero de aparente origen ilícito.
Luego intentó presuntamente coaccionar a los testigos que habían declarado ser falsos donantes de Fuerza Popular para que cambiaran su testimonio, por orden de la dirección del partido.
El juez Concepción Carhuancho todavía debe pronunciarse sobre el requerimiento de prisión preventiva por tres años solicitado también por el fiscal José Domingo Pérez contra los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, Carmela Paucará, Adriana Tarazona y Giancarlo Bertini.
El fiscal Pérez sostiene que estas personas, junto a las ya encarceladas, integraron una organización criminal enquistada en la cúpula de Fuerza Popular para captar dinero ilícito con el que alcanzar el poder, y desde ahí retribuir los favores con actos de corrupción.
Entre el dinero presuntamente ocultado bajo esta modalidad está el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Keiko, aparentemente desde la cuenta oculta con la que pagaron sobornos en al menos doce países de Latinoamérica.
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