Junta de Andalucía emite cuatro resoluciones firmes de reintegro de ayudas a la formación por 1,05 millones

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, Luciano Alonso, ha anunciado este martes ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz ha emitido cuatro resoluciones firmes de reintegro de ayudas para la formación por valor de 1.059.176,35 euros.

Así lo ha desvelado durante su intervención en la Cámara, donde ha concretado que las cuatro resoluciones se corresponden con ayudas concedidas al Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), a la Escuela de Hostelería de Málaga (Cónsula), al Cemer de Córdoba, y a la Escuela de Hostelería de Benalmádena (Málaga), concedidas en 2008 y 2009.

Alonso ha detallado que la Junta procedió a un inicio de reintegro por valor de dos millones a la Escuela de Hostelería de Málaga (Cónsula) que ha tenido como resultado una resolución definitiva de reintegro de 575.330,18 euros. En relación al Cemer de Córdoba, la Junta reclamó inicialmente de 28.160 euros y el resultado final de reintegro será de 4.820,30 euros.

En lo que se refiere al Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), se reclamaron 449.956 euros, que tendrá un reintegro total por el mismo valor; mientras que en el caso de la Hostelería de Benalmádena (Málaga), se reclamaban inicialmente 455.452 euros, pero la resolución de reintegro firme es de 29.069,70 euros.

El consejero del ramo, que ha comenzando su intervención asegurando que la transparencia se ha convertido en el principio rector y en el modelo de gestión del Gobierno andaluz, ha explicado que su departamento lleva ocho meses gestionando los expedientes que se trasladaron después del traspaso de competencias de Empleo a Educación y que aún están “abiertos”, por lo que su proceso administrativo ordinario está aún en plazo.

Según ha explicado, en el periodo 2007-2013, que se corresponde con el ámbito temporal de los expedientes aún abiertos que se traspasaron a esta consejería, se han dado más de 36.000 cursos a 758.000 alumnos, de los cuales 417.000 eran desempleados. El importe concedido para esta formación asciende a 2.326 millones, del que ya se han ejecutado el 75 por ciento (1.744 millones), el resto está pendiente de justificación.

En este contexto, ha destacado que sólo en la Dirección General de Formación Profesional para el empleo hay 43.500 expedientes administrativos. De ellos, 8.505 corresponden a subvenciones a entidades para dar cursos a formación. Alonso ha precisado que hay cursos para ocupados gestionados por 96 entidades y cursos de formación para desempleados gestionados por 1.805 entidades privadas, 49 de carácter público, 535 sin ánimo de lucro y 105 de otra naturaleza, además de 703 entidades públicas de ámbito local como ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades.

El consejero ha asegurado que desde el mes de septiembre se está llevando a cabo un estudio individualizado de cada uno de estos expedientes que se encuentran en proceso de justificación. Para ello y debido al volumen de trabajo, se puso en marcha un “plan de choque” con 64 personas de la bolsa de empleo de la Junta.

Tras explicar las distintas fases del procedimiento, Alonso ha apuntado que de los 8.505 expedientes de subvenciones a entidades en servicios centrales, es decir, en la dirección general, ya se han analizado un total de 600 expedientes, a los cuales se han realizado 480 requerimientos de documentación y se han abierto 56 expedientes de inicio de reintegro, cuatro de ellos son resoluciones firmes.

Alonso, que ha destacado que la Junta ha decidido durante este proceso que ninguna entidad podrá concurrir a nuevas convocatorias ni percibir los abonos pendientes de dichas ayudas hasta que se fiscalicen todos los expedientes previos, correctamente y en su totalidad, ha señalado que también se han reforzado el control de acceso a los recursos públicos para la formación con nuevos requisitos.

Junto a ello, el consejero ha criticado la “filtración interesada, sesgada y tergiversada” que se ha hecho sobre este asunto, “haciendo causa general y manchando una vez más el nombre de Andalucía y sobre todo de sus empresarios, entidades y trabajadores”. “Se ha confundido maliciosamente conceptos para construir la idea de una corrupción generalizada en Andalucía”, ha lamentado Alonso, quien ha criticado que en Madrid se hable de un “gobierno damnificado ante un hecho aislado provocado por unos empresarios y que en Andalucía se trate el tema como una trama orquestada con su gobierno al frente”.

PP-A LLAMA “COBARDE” A LA PRESIDENTA

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A y secretaria general de la formación, Dolores López, ha asegurado que Alonso no comparece ante el Pleno para ofrecer luz sobre este asunto, sino de “parapeto” para proteger a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, “que es quien tenía que estar dando hoy explicaciones, pero no ha tenido la suficiente valentía para ello”.

“Lo que ha hecho Díaz huyendo es faltar al respeto a los andaluces porque las competencias se delegan pero las responsabilidades no”, ha manifestado López, quien ha acusado a Díaz de ser la responsable política “más cobarde” que se ha sentado en el sillón de la Presidencia de la Junta. “Díaz se ha escondido y ha preferido mandar a sus escuderos”, ha apostillado.

La diputada 'popular' ha criticado el “poco respeto” del Gobierno andaluz hacia los informes de la Cámara de Cuentas, “que lleva desde 2004 advirtiendo de irregularidades en fondos de formación que ni han investigado, ni han pedido la devolución”. Asimismo, ha indicado que la Junta llama investigación interna a aplicar “de forma lenta, tardía y muy tapada la ley que han obviado sistemáticamente”.

PSOE-A ADVIERTE DE UNA “CAUSA GENERAL” CONTRA ANDALUCÍA

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Menacho ha asegurado que el Gobierno andaluz ha sido “ejemplo de transparencia” en esta materia y ha puesto en valor que el consejero del ramo haya comparecido en la Cámara “solo 13 días después” de que los medios de comunicación se hicieran eco de una filtración sobre la investigación llevada a cabo por parte de la UDEF.

Menacho, que se ha mostrado convencido de que hay un “plan orquestado” entre el Gobierno de la Nación y el PP para hacer “una causa general contra Andalucía” por las ayudas a la formación, ha advertido de que desde el Ejecutivo de Rajoy se está haciendo “mucho daño” a Andalucía, a sus instituciones y a la formación para el empleo.

Tras garantizar que el Gobierno andaluz va a exigir que se investigue “hasta el final” y que se depuren todas las responsabilidades, el diputado del PSOE-A ha insistido en que estamos ante un “fraude a terceros” a la administración, “un problema que se da en distintos territorios del país, como ya ha dicho la ministra de Empleo, Fátima Báñez”.

IULV-CA VE “UN ESCÁNDALO EN TODA REGLA”

Finalmente, la diputada de IULV-CA Rosalía Castro ha asegurado que la UDEF no “da ninguna primicia, ni es ningún bulo” el presunto fraude con las ayudas a la formación sino la “constatación” de lo presentado por un órgano de control externo de este Parlamento como es la Cámara de Cuentas. “No se trata de magnificar, ni de minimizar, es un escándalo en toda regla para cualquier administración y un bochorno para nuestra comunidad”, ha añadido.

En su opinión, corresponde al Gobierno andaluz actuar en aras a la transparencia y a la búsqueda de la verdad, exigiendo responsabilidades “de todo tipo, le toque al que le toque, hasta recuperar hasta el último céntimo”. Ha querido dejar claro que el gobierno surgido tras las elecciones del 25 de marzo de 2012 actúa “no sólo con rigor, sino con la máxima celeridad y urgencia, sin dejar que las cosas prescriban”.