La Junta de Castilla y León derogó un artículo que le impedía defender a cargos y funcionarios corruptos
La Junta de Castilla y León derogó en septiembre de 2014 un artículo que le impedía asumir la defensa de altos cargos y funcionarios corruptos. El artículo 9 de la Ley de Asistencia Jurídica de la Comunidad (6/2003) establecía que los letrados de los Servicios Jurídicos podían asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados de la Administración General e Institucional en los procedimientos judiciales que se siguiesen “por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones, siempre que no existiera conflicto de intereses”.
Además, precisaba que “si se imputase a los funcionarios la comisión de delitos dolosos”, perderían el derecho a la asistencia letrada. Es decir, que la Junta no defendería a sus cargos de delitos cometidos con intencionalidad, lo que afecta a aquellos enmarcados dentro de la corrupción. Ese es el caso de todos los funcionarios y cargos investigados en el caso del edificio Perla Negra, en el que presuntamente se produjeron sobrecostes, y que un juzgado instruye por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
En plena investigación judicial, y poco antes de que imputasen a media cúpula de la Consejería de Economía, la Junta derogó el artículo. Lo hizo por la puerta de atrás. El 19 de septiembre de 2014, El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), publicaba la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Al final de la misma, mediante una disposición derogatoria única, elimina varios artículos de otras leyes, entre los que se encuentra el artículo 9 de la 6/2003, una medida que pasó desapercibida y que nunca fue explicada por el presidente Juan Vicente Herrera, que es quien la firmó.
Pero que la Junta haya recurrido a la supresión del artículo no es obstáculo para que la Fiscalía de Valladolid no actúe ante el conflicto de intereses evidente que existe en el caso Perla Negra. La Junta de Castilla y León, personada como perjudicada, no puede asumir la defensa de quienes presuntamente perjudicaron, y lo está haciendo.
Los servicios jurídicos del Gobierno han contestado al juez, que les preguntó por esta cuestión, que “de lo actuado hasta la fecha en sede judicial se desprende con meridiana claridad que el personal asistido por dichos letrados no ha tenido ninguna responsabilidad en los hechos” por lo que no observa conflicto alguno. Pero esa “claridad meridiana” no la ha visto el juez, que mantiene investigados a los funcionarios y altos cargos de la Consejería y ha rechazado en varias ocasiones el archivo de la causa respecto a ellos. Así, si la Junta quiere seguir personada en el caso, el juez podría ordenar a los investigados que designasen un nuevo abogado, e incluso designarlo él de oficio si no acatasen la orden, según precisaron fuentes jurídicas.
