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Junta andaluza reprocha al Gobierno la "vuelta de tuerca" a la financiación, con "8.000 millones más de recorte"

El consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado que los datos facilitados este jueves por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, suponen "una nueva vuelta de tuerca a la financiación autonómica", con los años 2014 y 2015 "con más de 8.000 millones de euros de recortes sobre lo que ya viene ajustándose en las comunidades autónomas".

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Así lo ha indicado a los periodistas antes de participar en un acto en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde también ha reiterado la "preocupación" de la Junta de Andalucía tras iniciarse el trámite parlamentario de la "nueva Ley de los ayuntamientos que pretende el Gobierno del PP", a la que el Ejecutivo andaluz "se va a oponer frontalmente", al entender que supone "un ataque a la espina dorsal del sistema democrático".

A su juicio, el objetivo del Gobierno del PP es "darle un mazazo a lo que ha sido el trabajo tradicional de modernización de este país a través de los propios ayuntamientos". Considera que es "un nuevo ataque contra el Estado del bienestar y contra la profundización de la democracia", al tiempo que ha criticado la "ausencia de sentido de la realidad" y el "aislamiento" del PP a la hora de sacar la ley "como lo hace todo: a pulso, sin acuerdo, sin consenso ni participación de nadie".

En relación a este "desmantelamiento", el consejero tampoco entiende que se pretenda "quitar soberanía popular a los ayuntamientos en beneficio de las diputaciones, que no son elegidas directamente por los ciudadanos". En su opinión, esto forma parte de la "estrategia del PP de quitar más participación democrática, más soberanía popular en beneficio de los tecnócratas y las futuras privatizaciones", que es lo que considera que el Gobierno "esconde detrás este tipo de políticas".

Finalmente, ha recalcado que la Junta de Andalucía se va a "oponer frontalmente a esa reforma legal", subrayando que cuenta para ello con el apoyo de "muchas fuerzas políticas, de los sindicatos, colectivos sociales y, lo que es más importante, de los ciudadanos que saben lo que han sido para la democracia española los ayuntamientos".

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