Junta andaluza dice que la reforma local abre la puerta a la exclusión social y es “un ataque frontal” al municipalismo

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la responsable de la Oficina de Vicepresidencia de la Junta en la provincia, Fátima Berlanga, han criticado “la mal llamada” Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local, planteada por el Gobierno central, ya que “abre la puerta a la exclusión social”, además de ser “un ataque frontal” a los municipios, cuyos alcaldes y concejales tendrán “un papel meramente testimonial”.

Así, Ruiz Espejo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que esta ley, que “colisiona” con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, “aleja” los centros de decisión política, perjudicando, ha dicho, a los municipios menores de 20.000 habitantes y, fundamentalmente, a los de menos de 5.000.

“Es un mazazo a los municipios”, ha recalcado, al tiempo que ha rechazado que se “vacíe de competencias” en materias como Educación, Salud y Servicios Sociales, ya que esto supone “un perjuicio claro” a los ciudadanos que asisten a los ayuntamientos “como primera línea de atención”, especialmente aquellos que cuentan con más dificultades.

Además, ha continuado, “deja paso libre a la privatización de servicios públicos”, y da las competencias a las comunidades autónomas, “a las que no se les asignan los recursos”. Todo ello, a juicio del delegado, hace que no sean iguales los municipios menores de 5.000 habitantes que el resto.

En este sentido, la representante de la Vicepresidencia del Gobierno andaluz en Málaga, Fátima Berlanga, ha rechazado esta reforma que hará que haya “ciudadanos de primera y de segunda, de la ciudad y de los pueblos”. Todo ello, han precisado ambos dirigentes, a pesar de que los ayuntamientos más pequeños “son los que menos deudas tienen, algunos incluso tienen hasta superávit”.

“El 80 por ciento del déficit municipal lo tienen los seis o siete ayuntamientos mayores de España”, ha precisado Ruiz Espejo, quien ha añadido que el déficit del Estado es “incluso mayor por lo que no entendemos que se vacíe de poder a los pequeños municipios”.

“UN VARAPALO A LAS ZONAS RURALES”

También ha rechazado esta normativa porque será “un varapalo para las zonas rurales que afecta sobre todo a los más vulnerables”. “Se abre la puerta a la exclusión social, a la privatización y afectará a las políticas de género”, ha reiterado el delegado.

En cuanto a los empleos que se perderán por la aplicación de esta normativa, la Junta los ha cifrado en 8.000 en Málaga. Ha indicado que se “suprimirán la mayoría de los centros municipales de información a la mujer y las unidades de empleo”. Solo en Málaga hay 22 centros de información “que quedan en el aire”, y, además, pone “en tela de juicio” la ayuda a domicilio que hoy se presta.

Ruiz Espejo ha lamentado que, entre otras, los ayuntamientos tampoco vayan a tener competencias en la construcción, vigilancia y mantenimiento de los centros educativos o en los servicios sociales comunitarios y ha criticado que se haya hecho sin consenso entre todas las formaciones políticas.