La Justicia de Perú aprobó la extradición de Toledo por un soborno millonario

La Corte Suprema de Perú declaró hoy procedente la solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) de los Estados Unidos, donde permanece desde que se pidió su detención hace un año por haber recibido presuntamente un soborno de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

Tal como lo anunció, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema publicó hoy la decisión en la que aprobó por unanimidad enviar el cuadernillo de extradición de Toledo, de 71 años, al Ministerio de Justicia, que, previo acuerdo en el Consejo de Ministros, deberá trasladarlo al departamento de Justicia de EEUU para que el proceso se haga efectivo.

La solicitud de extradición fue planteada por el primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Richard Concepción Carhuancho, por los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.

A su vez, la Sala Penal Permanente estuvo presidida por el juez supremo, César San Martín, e integrada por los magistrados Iván Sequeiros, José Neyra, Sabina Chávez y Luis Cevallos, quienes rechazaron en la resolución que los delitos atribuidos a Toledo hayan prescrito, como señaló su defensa.

El exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró a los fiscales peruanos y brasileños que Toledo pidió en 2004 35 millones de dólares para adjudicarles la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur, una de las obras de infraestructura más grandes de su gestión.

El exmandatario usó como intermediario a su entonces jefe de seguridad, Avi Dan On, y presionó para recibir el soborno, que se redujo a 20 millones de dólares, hasta el 2010, en que se hizo el último depósito en cuentas de su amigo, Josef Maiman, según declaró Barata.

El exgobernante negó haber recibido dinero de Odebrecht y señaló que los depósitos en cuentas de Maiman corresponden a los negocios de éste, en los que él no tiene nada que ver.

No obstante, Toledo también era investigado en Perú por la compra de casas y oficinas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de la empresa Ecoteva, creada por Maiman y su suegra, Eva Fernenbug, en Costa Rica.

Maiman ha confirmado a la fiscalía peruana que prestó sus cuentas a Toledo y que los fondos, procedentes de cuentas de Odebrecht, eran derivados a Ecoteva.

El exmandatario se enfrenta a penas de hasta 15 años de cárcel por los delitos de lavado de activos y colusión, y hasta 8 años de prisión por tráfico de influencias.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, declaró hoy a la prensa que “si el expediente (de extradición) está bien armado, con la causa probable de condena que Estados Unidos exige, espero que la tramiten en un tiempo prudencial, que sería unos 6 meses”.

Rodríguez agregó que ahora “el poder Ejecutivo verá la parte política” de la tramitación.

Precisamente, el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, fue primer ministro y titular de Economía durante el gobierno de Toledo y también afronta un segundo pedido de destitución, planteado por el Congreso, por las asesorías brindadas a Odebrecht.

En el caso de que el Ejecutivo apruebe la solicitud, “se remite por conducto diplomático al Departamento de Estado de EEUU, luego al Departamento de Justicia y a un juez federal en California”, donde reside Toledo para resolver la solicitud, explicó Rodríguez.

En Perú, el caso Odebrecht se ha centrado en seguir el rastro de los millonarios sobornos que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse obras entre 2005 y 2014, además de los aportes ilegales a políticos peruanos.

Además del mandato presidencial de Toledo, ese período abarca el de Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para la construcción del Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.