Justicia colombiana archiva causa por la que destituyeron a alcalde de Bogotá

La Fiscalía General de Colombia archivó hoy la causa penal abierta contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la acumulación de basuras que anegó la ciudad durante tres días tras desprivatizar el servicio y que provocó su destitución temporal en diciembre de 2013.

La institución explicó en un comunicado que no ha encontrado pruebas de que el regidor, excongresista y exguerrillero del M-19, cometiera delito al cambiar el esquema de basuras un año antes, medida que pretendía ahorrar millones en el pago a cuatro grupos privados y reinvertirlos en programas de reciclaje.

En medio de un complicado proceso de relevo del servicio, que debía pasar a manos públicas, la capital colombiana amaneció durante los días posteriores al 18 de diciembre de 2012 repleta de bolsas de basura que nadie recogía, lo que provocó fuera destituido un año después por el Procurador, Alejandro Ordóñez, por supuestas irregularidades a la hora de desprivatizar el servicio.

“Gustavo Petro actuó de acuerdo a la ley cuando celebró los contratos con Aguas de Bogotá para las tareas de recolección y transporte de los residuos en la ciudad”, dijo hoy vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, al explicar el fallo de la Fiscalía.

Este ente determinó además que la ausencia de recolección de basura en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 no generó contaminación ambiental en los términos que contempla el Código Penal.

Además de la destitución, Ordóñez inhabilitó a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos, si bien, a través de posteriores medidas cautelares del Consejo de Estado, el alcalde volvió al Ayuntamiento, donde permanecerá hasta las próximas elecciones locales, previstas para octubre de 2015.

Por este caso, Petro, que ostenta el segundo cargo público más importante de Colombia por detrás del presidente, llegó a presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Washington por la persecución política de la que supuestamente era objeto por parte de Ordóñez.

Tras conocer la decisión de la Fiscalía, el regidor calificó el archivo de la causa como un “triunfo de toda la Bogotá democrática y progresista”.

Por su parte, Ordóñez dijo que “lo penal no condiciona lo disciplinario, ni a la inversa, son dos derechos autónomos” y agregó que no tiene “nada que decir”, porque la decisión de Fiscalía “no tiene ninguna incidencia en lo disciplinario”.

Tras archivar la causa, la Fiscalía ordenó que se investigue por falso testimonio al contratista Emilio Tapia Aldana y al abogado Manuel Sánchez, quienes, en aras de defender la gestión de Petro, aseguraron que existía un “complot” en contra del programa “Basuras Cero” por parte de los operadores privados de aseo.

También anunció que imputará cargos a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Nelly Mogollón, quien decretó una urgencia sanitaria “que se basó en hechos que no eran extraordinarios”, pues la Fiscalía concluye que no hubo contaminación ambiental en Bogotá.

El número dos de Mogollón, Carlos Rojas, también recibirá cargos por el delito de prevaricato “por violar la ley exigiendo condiciones a los operadores privados” a los que restringió el acceso a un vertedero donde estos trabajadores pretendían llevar los restos que se acumulaban en la ciudad.