Justicia declara ilegal el nuevo palacio presidencial de Erdogan, según diario

El máximo tribunal administrativo de Turquía, conocido como Danistay, ha declarado ilegal el palacio presidencial, inaugurado en octubre pasado y construido en una zona protegida en la periferia de la capital, Ankara, informa hoy el diario turco “Zaman”.

La decisión del Danistay, tomada por unanimidad, declara ilegal una decisión administrativa de febrero del año pasado en la que las autoridades de protección de monumentos recalificaron el terreno, situado en el pulmón verde de Ankara, para permitir la construcción del palacio.

La sentencia se suma a varias otras de tribunales inferiores de Ankara que habían decretado la ilegalidad de la edificación y la paralización de las obras, aunque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hizo caso omiso de todas ellas.

Confrontado con una decisión judicial desfavorable en marzo pasado, Erdogan hizo público su desacato: “No he hecho nada ilegal. Si tienen suficiente fuerza, que lo derriben. Pero no podrán frenarlo, no podrán parar este edificio. Lo inauguraré, entraré y residiré allí”, prometió.

De hecho, el palacio fue inaugurado ya en octubre pasado, entre ácidas polémicas y denuncias de la oposición, tanto por su supuesta ilegalidad, ahora confirmada, como por su enorme coste, estimado en hasta 500 millones de euros.

Con 3.000 metros cuadrados y tres bloques de edificios que suman 1.000 habitaciones, el palacio no sólo superará en tamaño las residencias oficiales del jefe de Estado francés, británico, ruso o estadounidense sino también el del sultán de Brunei, actualmente en el libro Guinness como la mayor residencia presidencial.

Los políticos de la oposición aluden a menudo a la residencia oficial no con el nombre semioficial de “Ak Saray” (Palacio Blanco, con alusión al nombre del partido gubernamental, AK Parti) sino, en un mordaz juego de palabras, con el término de “Kaç-Ak Saray” (Palacio ilegal).

La sentencia en la práctica no tendrá efecto ya que el jefe del Estado goza de inmunidad y es muy poco probable que ningún juez se atreva a ordenar un derribo del palacio presidencial, destacan los medios.