La Justicia europea comienza a examinar el caso Valtònyc

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró este lunes la vista sobre la entrega del rapero español fugado a Bélgica Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, al que España reclama tras haber sido condenado a 3,5 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

El abogado general del caso, el checo Michal Bobek, anunció que publicará sus conclusiones el próximo 26 de noviembre. Estas no son vinculantes para la corte aunque generalmente suelen ilustrar el sentido de la misma.

Una vez conocidas dichas conclusiones, el TJUE dictará sentencia, que no será recurrible y que deberá interpretar y aplicar el Tribunal de Apelación belga que introdujo la cuestión prejudicial ante la corte de Luxemburgo.

En principio, la vista sobre el caso en el Tribunal de Apelación está fijada para el próximo 24 de diciembre, si bien es probable que se retrase hasta que haya un pronunciamiento de la Justicia europea, cuya respuesta definitiva se espera para 2020.

En la vista de este lunes, a la que no asistió Valtònyc, las partes expusieron sus argumentos en relación con dos preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal de Apelación de Bélgica, al que ha llegado el dossier después de que un tribunal de primera instancia denegara la entrega del cantante.

En concreto, la Justicia belga quiere saber, por un lado, cómo deben de computarse las penas - juntas o por separado - pues existe la posibilidad de denegar la entrega si el Código Penal del país no recoge los delitos por los que ha sido condenado el interesado, salvo que estos sean de naturaleza terrorista y se penen con un mínimo de tres años.

El tribunal belga también pide directrices en la interpretación de cara al momento de activar la orden de detención europea (ODE) de Valtònyc y pide que se aclare si el magistrado debe tener en cuenta la legislación vigente en el país emisor de la euroorden cuando se cometieron los hechos, en 2012, o cuando se dictó la orden de detención y entrega contra él, en 2018.

España, a través de la abogada del Estado Sonsoles Centeno Huerta, defendió la aplicación de la euroorden en base a la legislación vigente cuando se dicta la orden de detención y entrega y, en caso de duda, facilitar la finalidad de la misma, que pasa por acelerar la cooperación judicial ya que con una u otra legislación “la sanción queda intacta”.

“La orden de detención europea no es una sanción penal, no es una privación de derechos, sino un instrumento procesal que busca el cumplimiento de una sentencia firme”, señaló la abogada del Estado español, quien subrayó que la euroorden “es un instrumento básico de la cooperación judicial” que “ha permitido avanzar en un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia”.

El Gobierno belga, representado a través de la Fiscalía, se situó en línea con las tesis de las autoridades judiciales españolas, pero no lo hizo el jurista de la Comisión Europea, quien, sostuvo que la normativa europea indica claramente que se debe de tener en cuenta la fecha de comisión de los delitos.

La defensa de Valtònyc, encarnada por Paul y Simon Bekaert, a quienes acompañó en la sala Gonzalo Boye, coordinador de la estrategia legal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sostuvo que las autoridades judiciales “engañaron” en el proceso al no haber comunicado que se había producido un cambio en el Código Penal español entre la comisión de los hechos, en 2012, y el agravamiento de las penas contemplado cuando se solicitó la entrega, en 2018.

“En el momento en el que se cometieron los hechos se consideraba un delito leve”, indicó ante el tribunal Paul Bekaert, quien aseguró que su cliente “es un cantante de rap famoso en España y más allá de sus fronteras” que “nunca ha hecho nada violento”.

Reclamó, además, que no se dé “prioridad a los derechos fundamentales” por encima del principio de “cooperación judicial” que persigue el sistema de euroórdenes.

Al término de la vista, los abogados de Valtònyc mostraron confianza ante la futura decisión de la gran sala del TJUE, que preside el belga Koen Lenaerts.

“Soy optimista, sí, por naturaleza, pero en este caso preciso mucho más”, declaró Gonzalo Boye.

Valtònyc, de 25 años, debería haber entrado en prisión en España antes del 24 de mayo de 2018, cuando concluía el plazo que le había otorgado la Justicia española pero, tras varias semanas en paradero desconocido, reapareció en una conferencia de prensa en Bruselas en julio de 2018.