La Justicia francesa condena a los Fillon en el caso de los empleos ficticios

La Justicia francesa condenó este lunes al ex primer ministro francés Francois Fillon en el llamado caso de los empleos ficticios, un escándalo que lo alejó del Elíseo en 2017 y dañó su imagen pública, al desvelar que contrató a su esposa como asistenta parlamentaria sin que esta ejerciera ese cargo.

El “viacrucis” judicial y mediático comenzó para el ex jefe de Gobierno de Nicolas Sarkozy en enero de ese mismo año, cuando el semanario satírico “Le Canard Enchainé” publicó en exclusiva el fraude, y recibió ahora el veredicto como colofón a un juicio iniciado el pasado 26 de febrero.

El Tribunal Correccional de París dictó contra él dos años de prisión firme y otros tres exentos de cumplimiento, además de una multa de 375.000 euros y diez años de inhabilitación. Como sus abogados anunciaron que recurrirán la pena, el exjefe del Gobierno quedó en libertad a la espera de un nuevo juicio.

Su esposa, Penelope, igualmente presente en la sala y con gesto serio, recibió otra multa idéntica y tres años exentos de cumplimiento, los mismos que Marc Joulaud, diputado que también la contrató después de que Fillon le cediera su circunscripción al convertirse en el ministro de Asuntos Sociales de Jacques Chirac.

Joulaud deberá abonar además 20.000 euros, y entre los tres tienen que reembolsar más de un millón a la Asamblea Nacional, que se había constituido como acusación particular.

UN DESVÍO DE FONDOS MILLONARIO

El desvío total de fondos de forma directa o indirecta se eleva a unos 1,5 millones y el Tribunal dejó claro este lunes que no hay ninguna prueba tangible que demuestre su trabajo, justifique esa cuantía y sea proporcional a las actividades atribuidas.

Penelope Fillon estuvo contratada como asistenta de su marido entre 1998 y 2002 y de 2012 a 2013, y como ayudante de Joulaud de 2002 a 2007. La sala tampoco vio justificado su contrato como consejera literaria en la revista “La Revue des Deux Mondes”, propiedad de un empresario cercano al entonces líder de la derecha.

Su empleo “no obedecía a ninguna lógica, ni en términos de necesidad ni de salario”, subrayó la presidenta de la sala, Nathalie Gavarino, para quien ninguno de los tres acusados, por su experiencia y formación, podía ignorar que estaban cometiendo una infracción.

El tribunal consideró que Fillon, que de 2005 a 2007 también contrató a dos de sus hijos, puso en marcha, de forma directa o mediante su suplente, una organización que permitía desviar para su beneficio personal los fondos habilitados para el pago de colaboradores.

JUICIO MARCADO POR LA POLÉMICA

Los ahora condenados tenían la esperanza de que se aceptara su petición de reabrir la vista oral después de que la exjefa de la Fiscalía Nacional Financiera Eliane Houlette denunciara presiones de sus superiores durante la instrucción.

El rechazo de esa solicitud tramitada la semana pasada les dejaba como única posibilidad la apelación.

“La sentencia no es justa. Vamos a recurrirla y habrá un nuevo juicio que será especialmente necesario porque en los últimos días se han visto las condiciones escandalosas en las que se efectuó la instrucción”, dijo el abogado Antonin Lévy.

Tanto Fillon, de 66 años, como su esposa, de 64, estaban imputados principalmente por malversación de fondos públicos y apropiación indebida de bienes sociales, mientras que a Joulaud, de 52, se le atribuía el cargo de malversación de fondos públicos.

Cuando se desató el escándalo, el que fuera jefe del Ejecutivo de Sarkozy entre 2007 y 2012 era el candidato favorito para las presidenciales galas de mayo de 2017. No abandonó la contienda electoral pero acabó tercero en la primera vuelta de esos comicios, que dieron la victoria a Emmanuel Macron.

Fillon había hecho de la honestidad uno de los pilares de su identidad política y la polémica no solo afectó a su propio partido, sino que tuvo también como consecuencia la implantación de nuevas normas en Francia.

Aunque que los diputados contrataran a familiares como asistentes era una práctica legal y extendida en el país, el Parlamento la prohibió en agosto de 2017 en el marco de la ley de “moralización de la vida pública” prometida por Macron durante su campaña.

Marta Garde