Justicia informará este jueves al Congreso de los indultos concedidos y denegados desde 2016

La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, dará cuenta este jueves en la comisión del ramo del Congreso del número de indultos concedidos y denegados por el Gobierno de Mariano Rajoy en el último año y medio.

En la última reforma del Código Penal, que data de marzo de 2015, se introdujo una nueva disposición adicional en la Ley del Indulto, que obliga al Gobierno a remitir semestralmente al Congreso un informe con la concesión y denegación de indultos y a ser presentado por un alto cargo del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha podido cumplir con ese mandato legal porque, según ha informado a Europa Press fuentes gubernamentales, esa reforma entró en vigor el 1 de julio de 2015 y cuando se cumplía el primer semestre, en diciembre de ese año, las Cortes Generales estaban disueltas tras las elecciones generales del 20 de diciembre.

En el año 2016 tampoco lo pudo hacer porque el Gobierno estuvo en funciones hasta noviembre, periodo durante el cual, según un informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno debía limitar su gestión “al despacho ordinario de los asuntos públicos” sin tener que someterse al control del Congreso.

El nuevo Gobierno de Rajoy se constituyó en noviembre de 2016, pero en lugar de comparecer entonces para ofrecer estos datos, Justicia optó por esperar a que se completara el siguiente semestre natural (de enero a junio de este año) para solicitar comparecer en el Congreso e informar de sus indultos.

CASI DOS AÑOS SIN TENER CONOCIMIENTO DE LAS CIFRAS

El pasado mes de junio En Comú pidió la comparecencia en el Congreso de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, para que diera cuenta de los indultos concedidos y denegados por el Ejecutivo desde julio de 2015, cumpliendo así con lo previsto en aquella reforma del Código Penal, puesto que el Congreso llevaba casi dos años sin tener acceso a esos datos.

Poco después, en concreto el 7 de julio, una vez que se habían recopilado los datos relativos al primer semestre de este año, fue cuando la 'número tres' del Ministerio pidió acudir a la Cámara, una comparecencia que sustanciará este jueves.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2016 el Gobierno concedió un total de 27 indultos a personas condenadas por delitos medioambientales, contra la salud pública, de lesiones, falsedad en documento oficial o estafa, pero ninguno de ellos relacionados con la corrupción.

Lo que se desconoce es la cifra de indultados de los primeros seis meses de 2017, puesto que el Gobierno sólo ha hecho públicos los concedidos con motivo de la festividad de la Semana Santa. Este año los 'agraciados' fueron siete.

EL CONGRESO TIENE PENDIENTE UNA REFORMA

En estos momentos se está tramitando en el Congreso una proposición de ley del PSOE para modificar la Ley del Indulto, que data de 1870. El texto se tomó en consideración el pasado 14 de febrero, pero desde entonces quedó varado en la Comisión de Justicia porque acumula ya más de cinco meses de prórrogas en el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas.

El objetivo de la iniciativa es prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción y delitos de violencia de género. Aunque se tramitó con el voto afirmativo de todos los grupos, la mayoría cuestionó que se limitase a la prohibición a esos delitos y no a otros como los de terrorismo, crimen organizado, pederastia, prostitución o trata de personas, entre otros, por lo que avanzaron que aprovecharán su tramitación para ampliar las excepciones.

Además de limitar la concesión del indulto total o parcial a los delitos de corrupción y violencia de género, la iniciativa también exige razones de “razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado” para poder otorgar el indulto total, justificaciones que deberán publicarse en el BOE a la hora de comunicar la concesión de indultos.

La reforma auspiciada por el PSOE también aboga por no conceder el indulto si en su correspondiente resolución no se hiciese mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión.