Justicia regulará por ley que la Fiscalía instruya las causas penales

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a presentar antes de fin de año un anteproyecto de ley que atribuya la instrucción de las causas penales a la Fiscalía en lugar de al juez, en el marco del plan que ha denominado “Justicia 2030” y que ha dado a conocer este lunes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el titular de Justicia ha informado de que pretende presentar este anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.

Y lo ha enmarcado en su “Plan Justicia 2030”, que también presentará al Gobierno “en un plazo máximo de tres meses”.

Acabar con la instrucción de los jueces es uno de los objetivos que se ha marcado el titular de Justicia para “deslindar” las funciones de investigación de los “juzgadores” en un contexto en el que ha abogado por “actualizar” el sistema de enjuiciamiento criminal y “superar” así una “legislación decimonónica”.

Frente a anteriores intentos que no se llegaron a concluir, el ministro ha dicho tener la “esperanza” de que se pueda culminar este proyecto, que ha calificado de “reto nacional” y que forma parte de su “Plan Justicia 2030”, que ha definido como un “método de trabajo de carácter incluyente”, orientado a planificar medidas encaminadas a “reformar un sistema de Justicia” para convertirla en “un verdadero servicio público”.

Entre sus objetivos también, “desarrollar el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas” a través del fomento de “las soluciones extrajudiciales para la resolución de conflictos” y “reformas procesales para afrontar los pleitos en masa”.

El ministro, que ha recordado que fenómenos como “las cláusulas suelo o las reclamaciones por retrasos a las aerolíneas colapsan nuestros tribunales”, se ha comprometido en trabajar para incorporar el mecanismo conocido como “sentencia testigo” en el ámbito civil y mercantil, un mecanismo que permitirá extender los efectos de las sentencias ya dictadas, “más allá de las personas reclamantes”.