Justicia salvadoreña reabre causa de Romero y fieles piden saber la verdad

Tras 24 años de olvido, la Justicia de El Salvador reabrió la causa por el asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, beato de la iglesia católica, lo que hoy mismo animó a la feligresía a pedir que se revele la “verdad” sobre un crimen que aún conmociona al país centroamericano.

Fue el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador el que desentrampó la causa de uno de los asesinatos más emblemáticos de El Salvador, que resonó a escala internacional y fue cometido cuando el país entraba en una franca guerra civil que se extendió hasta 1992.

La decisión judicial, dada a conocer este jueves, anuló el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso, bajo el amparo de una ley de amnistía, contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del magnicidio y quien se encuentra en paradero desconocido.

El juez cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, basó la resolución que reabre el proceso en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en julio del 2016 dio al traste con la ley de amnistía, la “herramienta” con la que militares y guerrilleros habían sorteado todo proceso por los crímenes de guerra.

Chicas consideró en su resolución que “es de carácter obligatorio” acatar la sentencia del Constitucional para “así garantizar los derechos fundamentales de las víctimas”.

El juez ordenó a la Fiscalía definir si el proceso “debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros a quienes no se les han formalizado cargos o no están debidamente individualizados”.

Un informe de la ONU de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña, al difunto mayor del Ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Roberto D'Aubuisson.

El documento señala que en la planificación y ejecución del asesinato participaron, además de Álvaro Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

Esta versión es la que los feligreses salvadoreños esperan que se pruebe en los tribunales y se convierta en una verdad jurídica, según varios fieles católicos consultados por Efe.

Silvia Orellana, una feligrés que da la bienvenida a los visitantes del mausoleo de Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador, dijo a Efe que “como cristianos esperamos la Justicia divina”, pero quiere saber “quien dio la orden y quienes participaron en el asesinato”.

Para el católico Ricardo Caminos la reapertura del caso debe servir para rescatar la “memoria histórica” sobre los hechos que rodearon la muerte de Romero, y para “desenmascarar” a las “fuerzas internas y externas” que llevaron al crimen y a la guerra civil.

Es con la reapertura del proceso penal por el asesinato de Romero que la Justicia salvadoreña por fin se hizo eco del clamor de las víctimas y del dedo acusador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el 2000 pidió a El Salvador realizar una investigación judicial completa.

La organización social Tutela Legal “María Julia Hernández”, que encabezó en marzo pasado la petición que dio pie a la reapertura, urgió a la Fiscalía a actuar de “inmediato” para “esclarecer” la muerte de monseñor Romero.

“La Fiscalía tiene que actuar de manera inmediata en este caso, debe jugar un papel muy activo en todas las decisiones judiciales y debe continuar trabajando con la acusación particular”, dijo a Efe Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

Romero, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.