Juzgan a un magistrado de Castro Urdiales por revelación de secretos

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha juzgado hoy al juez de Castro Urdiales Luis Acayro Sánchez, para quien la Fiscalía pide dos años, seis meses y un día de cárcel, por un supuesto delito de revelación de secretos, ya que se le acusa de desvelar unos antecedentes penales cancelados.

El juicio contra Acayro Sánchez, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales (Cantabria), se ha celebrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, al tratarse de un aforado.

Se trata del primer caso de un juez que se sienta en el banquillo en esta comunidad autónoma.

Los hechos se produjeron a raíz de que en octubre de 2013 el abogado de Inmobiliaria Izarra, una empresa propiedad del constructor Jon Loroño con varios desarrollos urbanísticos en Castro Urdiales, presentó una denuncia contra el juez ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su respuesta a esa queja, Acayro Sánchez elevó y remitió varios documentos, entre ellos copias de escritos obtenidos de unas diligencias en las que el constructor había estado imputado.

Para ello, solicitó a una funcionaria del Juzgado que hiciera varias fotocopias y entre ellas una hoja histórico penal, con unos antecedentes del constructor que estaban cancelados desde marzo de 2003.

La Fiscalía explica que para obtener la información sobre los antecedentes penales Sánchez Acayro se la pidió a la secretaria de su Juzgado, que accedió al registro de penados y se lo entregó al magistrado.

El magistrado ha dicho hoy en el juicio que adjuntó los antecedentes penales del constructor en sus alegaciones para el Consejo General del Poder Judicial para defenderse de la queja y ha añadido que no buscaba “perjudicar a nadie” y que tampoco quiere denunciar ahora a ninguna persona.

Acayro Sánchez ha asegurado además que actuó de forma lícita y ha rechazado que pidiera a la secretaria del Juzgado que entrara en el registro de penados y rebeldes para conseguir los antecedentes del constructor sin darse los requisitos para ello, es decir, sin una providencia o diligencia que lo ordenara y sin que el afectado estuviera imputado en ese momento.

En cambio, la secretaria, que ha declarado como testigo, ha manifestado que el juez sí le pidió con un “post-it” que entrara en el registro y sacara copia de los antecedentes.

La defensa del magistrado sostiene que no hubo dolo y que se produjo un error en el Juzgado que, a su juicio, no se puede achacar al magistrado.

La Fiscalía y la acusación particular han modificado su petición de condena, la han rebajado y han pedido dos años, seis meses y un día de cárcel, inhabilitación y multa, además de una indemnización para el constructor.

El Ministerio Público pedía antes del juicio dos años y ocho meses de cárcel y la acusación particular, que ha dicho que el constructor tiene intención de donar la indemnización a Cáritas, reclamaba tres años de cárcel.

Esta causa contra el juez fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el pasado mes de febrero, pero el Supremo estimó los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular.