JxCat, ERC y CUP protestarán ante el TSJC por el juicio a Intersindical-CSC por la huelga del 8N

En una rueda de prensa, el vicepresidente general del sindicato independentista Sergi Perelló ha recordado que el miércoles a las 10.00 horas arranca el juicio por “una demanda de Fomento del Trabajo que se enmarca en el contexto de un Estado de regresión de derechos --como el de manifestación y la libertad de expresión-- y de persecución ideológica”.

La huelga del 8N no contó con el respaldo de CC.OO. ni de UGT y la demanda recoge que también ellos interpretaron que se trataba de “una huelga política” por la situación que se daba en aquel momento: la huelga se convocó dos semanas después de la aplicación del 155.

Los convocantes han defendido el derecho a huelga y su capacidad para convocar como sindicato una protesta que se convocó por “la regresión experimentada en los derechos laborales, la precariedad, la falacia de la salida de la crisis y la reclamación de la derogación del decreto del Gobierno que facilita el cambio de sede social de las empresas”.

“El pretexto para pedir la ilegalización de la huelga es que era una huelga política”, ha dicho Perelló sobre la demanda, y ha insistido en que el motivo de la huelga fue la firma del decreto que favorecía la fuga de empresas y perjudicaba a los intereses de Catalunya y de sus trabajadores.

Ha advertido que, con esta demanda, “el derecho de huelga está en riesgo” por lo que ha llamado a la participación y el apoyo mutuo para evitar la reducción de derechos fundamentales y a sumarse a la protesta del miércoles.

Además, ha anunciado que el 1 de mayo han convocado una manifestación donde pretenden unir “república y trabajo” con el lema 'La República y los derechos sociales' que saldrá de la plaza Urquinaona de Barcelona a las 17:30 horas.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha criticado que el Estado “está acabando con el Estado de Derecho y que el ejercicio del derecho a huelga tiene como respuesta la criminalización”, que Fomento del Trabajo pida 100.000 euros por daños y perjuicios sin especificarlos, y afirme en la demanda que la Intersindical-CSC no puede convocar una huelga por no ser mayoritaria.

El republicano Jordi Albert ha recordado que, pese a la demanda presentada antes de la huelga por Fomento del Trabajo, el TSJC no impuso medidas cautelares, y ha afirmado que la demanda de la patronal “abre la puerta” a la criminalización de derechos fundamentales.

La diputada de JxCat Teresa Pallarès ha dado apoyo a los que participaron de una huelga que considera que estaba convocada en tiempo y forma, y ha pedido que “la regresión de derechos no se normalice en el día a día”.

Los tres grupos tienen pleno del Parlament el miércoles a la misma hora que la protesta, por lo que han aclarado que irán representantes del partido, pero no diputados, que tienen que acudir a la sesión plenaria.