Keiko Fujimori apoya la investigación de las esterilizaciones forzadas en Perú

La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que debe continuar la investigación sobre las presuntas esterilizaciones forzadas que se practicaron en Perú durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000).

Fujimori afirmó en una entrevista publicada hoy en el diario “Correo” que se solidariza con las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento y añadió que las víctimas de esas prácticas “tienen que ser reparadas”.

Preguntada sobre si mantendrá la misma posición en caso de ser elegida presidenta del país, Keiko Fujimori respondió que será “la primera interesada en conocer la verdad”.

“Creo que debemos seguir investigando. Lamento que hayan pasado más de quince años y hasta ahora no se haya tomado una decisión. La última investigación fiscal señala responsabilidades individuales”, recordó Fujimori.

La hija del expresidente peruano criticó que el actual Gobierno del presidente Ollanta Humala haya creado el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) “a puertas de empezar la campaña electoral”.

“Me llama la atención de que se haya esperado tantos años para iniciarlo cerca de una campaña electoral. Habría la intención de utilizar el dolor de las personas políticamente”, apostilló Fujimori.

Keiko Fujimori consideró, sin embargo, que el Programa de Salud Reproductiva en el marco del cual se produjeron las presuntas esterilizaciones forzadas benefició a 850.000 personas.

“Hubo denuncias al respecto: se registraron 150 denuncias en la Defensoría del Pueblo y 209 en la Fiscalía de nuestro país”, dijo.

La investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de la fiscal supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, y abarca las denuncias de 2.074 personas, pero existen más afectadas que piden ser incluidas en la investigación.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas se ejercieron mediante presuntos engaños y coacciones.

En cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar en mayo una decisión tomada en enero de archivar el caso, después de que fuera reabierto en junio de 2013.

La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se habían encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.