Lesmes: “Las situaciones excepcionales deben durar lo menos posible”

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, consideró sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución que “las situaciones excepcionales deben durar lo menos posible”.

Cuando se cumplen seis meses de la aplicación del artículo por el que el Gobierno español intervino la Generalitat, período en el que han sido cesados más de 260 cargos catalanes, Lesmes abordó la “naturaleza excepcional” de la medida en una entrevista con Efe en Quito, donde participó en la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana.

“En nuestro país la Constitución va a cumplir 40 años el próximo diciembre y no se ha aplicado nunca”, subrayó.

Opinó que “ni el Gobierno, por lo que he leído, tiene especial interés en que dure más allá de la cuenta y quiero pensar que los ganadores de las elecciones del pasado 21 de diciembre tampoco”.

El presidente del Supremo español recordó que la vía de salida a esta coyuntura es mediante la formación de un nuevo ejecutivo en Cataluña: “Para que esta situación desaparezca solo hay que hacer lo que dice el acuerdo que adoptó el Senado el pasado año, que es que se constituya un gobierno, por lo tanto, aquellos que pueden constituir un gobierno lo tienen fácil”.

Madrileño de 59 años y que concluye en diciembre sus funciones tras cinco años al frente de las máximas instancias de la Judicatura, también analizó la situación legal en la que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Interpelado acerca de la orden europea de detención y entrega (euroorden) emitida por la Justicia española contra el expresidente de la Generalitat apuntó que el proceso aún está bajo revisión.

El tribunal regional de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, resolvió no entregar a España al líder separatista por el supuesto delito de rebelión, según la orden cursada por el juez instructor Pablo Llarena, y dejó a Puigdemont en libertad vigilada.

“El delito de rebelión no coincide con el equiparable, en su caso en el código penal alemán, que sería el delito de alta traición”, explicó Lesmes y recordó que el caso aún está pendiente de resolución después de que la Fiscalía alemana haya solicitado al tribunal regional que lo reconsidere.

Aclaró que la euroorden “condiciona cuando no hay coincidencia” entre los ordenamientos legales de los países y atisbó un posible escenario en el que el juez español tuviera que “aceptar que no lo puede juzgar por ese delito si se lo entregan”.

Otro supuesto, avanzó, podría ser la retirada de la orden europea “porque hasta que no prescriba el delito esta persona podrá ser juzgada por rebelión, y en este caso son 20 años” para la prescripción, una decisión, que en todo caso adjudicó al juez instructor español.

En relación a las investigaciones sobre una supuesta malversación de caudales de la Generalitat para el referéndum del 1-O, después de que el Ejecutivo español haya indicado que “ningún euro” de los fondos públicos se ha destinado al referéndum, el presidente del CGPJ precisó que se trata exclusivamente de “información contable”.

“La información de la que dispone el ministerio de Hacienda es simplemente contable, de apariencia de normalidad”, indicó.

“Como sabemos, muchas veces, determinados pagos pueden ocultarse a través de facturas que no responden a una determinada realidad, puede ser correcto pero desde el punto de vista real material responder a una finalidad criminal y normalmente no se dejan rastros”, recalcó.

El expediente, abundó, se encuentra en una situación preliminar y hasta que el juez Llarena no disponga de la información para poder contrastarla con los datos facilitados por la Guardia Civil sobre la investigación no se podrán sacar consecuencias.

Por otro lado, Lesmes expresó la urgencia de encontrar una solución a la cuestión de las tres vacantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que actualmente trabaja con 15 magistrados y acumula causas tan controvertidas como el Caso Noos, las tarjetas black o de Artur Mas por desobediencia.

“Estas plazas tienen un problema para su cobertura porque en principio las cubren especialistas, pero tenemos el problema de que en España prácticamente no suele haber”, argumentó.

El alto responsable habló de la propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, pero aventuró que se va a dilatar en el tiempo y que hay que “pensar en otra alternativa” en los próximos meses.