La Ley que dará la nacionalidad a los sefardíes pasa su primer examen en el Congreso

El proyecto de ley que dará la nacionalidad española a los sefardíes -descendientes de los judíos expulsados de la península en 1492- sin necesidad de residir en España ha superado su primer trámite parlamentario, después de que la Izquierda Plural y ERC hayan retirado sus enmiendas de totalidad.

Los portavoces de ambos grupos han explicado que apoyaban el reconocimiento de la nacionalidad a los sefardíes, pero también lo pedían para los moriscos, los saharauis y los nietos de españoles no nacidos en España y no incluidos en la ley de memoria histórica.

El proyecto lo ha defendido ante el pleno de la Cámara el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha dicho que la ley viene a reparar un “agravio histórico” al otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza, que se aplica en circunstancias “excepcionales”, a los descendientes de quienes fueron expulsados hace 500 años por un edicto de los Reyes Católicos y que además no tendrán que renunciar a su anterior nacionalidad.

Hasta ahora, los sefardíes podían adquirir la nacionalidad con dos años de residencia, con lo que se equiparaba su situación a la de otros países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, según ha recordado el ministro durante el debate al que ha asistido desde la tribuna de invitados el presidente de la Federación de las Comunidades Judías, Isaac Querub.

Según los datos aportados por el ministro, en los últimos ocho años se ha concedido la nacionalidad por residencia a 107 sefardíes, mientras que 746 la han obtenido por carta de naturaleza.

Con esta ley, quienes acrediten su condición y vinculación con España tendrán tres años para expresar su deseo de obtener la nacionalidad y el procedimiento para tramitar su petición será a través de una plataforma electrónica.

El titular de Justicia considera que la concesión de la nacionalidad a los sefardíes tiene ya un valor de suficiente identidad como para no mezclarlo con otras peticiones como las que han defendido el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares y el de ERC Joan Tardá en las enmiendas a la totalidad, que no han llegado a votarse porque ambos grupos han decidido retirarlas.

No obstante, en su intervención Tardá ha reclamado que se de una solución a los saharauis que, a su juicio, “merecen lo mismo”.

Lo mismo ha reivindicado para los moriscos el diputado Gaspar Llamazares, quien ha señalado que el proyecto contempla una reparación y restitución parcial y ha lamentado el “doble rasero” del Gobierno con los expulsados y exiliados hace cinco siglos y los de hace una década.

El resto de los grupos de la oposición han saludado el reconocimiento de la nacionalidad a los sefardíes, aunque también han mostrado su oposición a que se una su caso con el de otros colectivos en el mismo proyecto de ley.

La diputada socialista Carmela Silva ha dado su apoyo al proyecto, que no obstante hubiera deseado que fuera más ambicioso y que el Gobierno hubiera presentado una ley de nacionalidad desde una “visión integral”.

Silva ha denunciado también el caso de jóvenes saharauis que viven en España “desde siempre” y han estudiado en nuestro país, a los que se niega la nacionalidad.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha señalado que la singularidad del caso de los sefardíes merece que se aborde de forma separada a otros colectivos que también requieren una reparación histórica, y ha anunciado que presentarán enmiendas parciales para evitar las “trabas” que pueden encontrarse los solicitantes con este texto.

El diputado de CiU Jordi Jané también ha defendido la necesidad de reparar una injusticia histórica y, como el resto de portavoces, ha pedido al Gobierno voluntad de consenso y que admita algunas enmiendas parciales que su grupo planteará para mejorar el texto.

Una posición similares a la del diputado del PNV Emilio Olabarría, quien ha coincidido con el ministro en que la norma debe abordar la nacionalidad de los sefardíes por separado.

El debate lo ha cerrado el diputado del PP Gabriel Elorriaga que ha negado que el Gobierno tenga un doble rasero y ha asegurado que su voluntad es “dar a cada caso la singularidad que merece”.