La oposición rechaza la ley de Seguridad Privada porque “privatiza la de los ciudadanos”
El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la ley de Seguridad Privada tras los cambios introducidos en el Senado por el PP, que han contado con el apoyo parcial de CiU. Unos cambios que según sostiene el PSOE abren la puerta a que los organizadores de manifestaciones o eventos deportivos tengan que contratar seguridad privada, como ha denunciado durante el debate el portavoz de este grupo, Antonio Trevín.
Salvo los nacionalistas catalanes, que lo consideran en términos generales “un buen texto”, los portavoces de los demás grupos de la oposición ven en este nueva ley del Gobierno un complemento a la de Seguridad Ciudadana y una forma encubierta de “privatización de la seguridad” que va en detrimento del derecho de los ciudadanos a ser protegidos por el Estado. Como ha resumido el socialista Trevín, con esta ley lo que dice el Gobierno es que “el que quiera seguridad, que se la pague”.
El portavoz del PSOE no ha pasado por alto la modificación que ha hecho el PP en la Cámara alta -con el apoyo de CiU- del artículo 51 de la ley, por el que se obligará a los organizadores de “eventos” a contratar servicios de seguridad privada si el ministerio del Interior o el órgano autonómico competente lo estiman oportuno. Para los socialistas, esto va a afectar tanto a los organizadores de una manifestación, concentración o mitin, como a un acontecimiento deportivo de cualquier índole. Una interpretación que, según el PSOE, también comparten expertos juristas, como el catedrático de derecho penal de la Universidad Carlos III, Javier Álvarez.
Durante el debate, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha reprochado al Gobierno y al PP que con esta ley y la de Seguridad Ciudadana caminamos hacia un estado “policial o casi policial”. En una intervención muy jurídica, Olabarría ha expresado las “reservas” de su grupo al texto y ha cuestionado la potestad de los agentes privados de seguridad de detener, identificar y cachear a los ciudadanos en zonas públicas. Estas atribuciones, según ha recordado el portavoz peneuvista, están reservadas a los cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente, este punto ha sido el más criticado por los grupos del Congreso durante el debate, aunque, pese a las modificaciones, el texto definitivo no les permite averiguar o comprobar los datos identificativos, como figuraba en el texto inicial.
La ley también ha sido rechazada por UPyD, cuyo portavoz, Tony Cantó, ha lamentado que el PP no haya recogido en el texto definitivo ni una sola enmienda de su grupo. Para el partido de Rosa Díez esta normativa es una “dejación del trabajo que debe hacer el Estado”. Cantó ha pedido al Gobierno que en lugar de abrir el negocio a la seguridad privada, acometa cuanto antes un aumento del número de las agentes de policía y les dote de mayores medios.
Ricardo Sixto, en nombre de la Izquierda Plural, único grupo que presentó enmienda totalidad a la ley, ha destacado su carácter privatizador asegurando que con ella se abren “nuevos espacios de negocio a la seguridad privada”, mientras alertaba de “los intereses espurios” que pueden esconderse detrás para que las empresas privadas hagan “negocio”. Incluso ha dejado caer que algunas de ellas mantienen “relaciones privilegiadas con miembros del PP”.
El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha defendido la norma y negado las acusaciones de la oposición, especialmente las “falsedades” que a su jucio acababa de verter en su intervención el socialista Trevín. El diputado del PP ha insistido en que la nueva legislación abre la puerta a un modelo de seguridad pública que aprovecha “el potencial” de la seguridad privada “desde la preeminencia del Estado”.
Escobar ha querido también salir en defensa de la polícia y ha asegurado que “los españoles tenemos las mejores Fuerzas de Seguridad del Estado del mundo y además uno de los mejores ratios de Europa. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que salir al paso de nuevas amenazas”, ha sostenido.
