Manos Limpias se querella contra Blesa y su cúpula directiva por sus sueldos

Manos Limpias interpondrá mañana una querella contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una decena de exdirectivos por haber causado a la entidad un perjuicio de 15 millones con el sistema de retribuciones que implantaron entre 2007 y 2010.

En su escrito, que presentará mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla y al que ha tenido acceso Efe, acusa a Blesa y su “mano derecha” Ildefonso Sánchez Barcoj, Matías Amat, Juan Astorqui, Carmen Contreras, Ramón Ferraz Ricarte, Carlos Martínez, Ricardo Morado, Mariano Pérez Claver, Rafael Spottorno y Enrique de la Torre de un delito de apropiación indebida o administración desleal.

Según su relato, los exdirectivos “acordaron de forma ilícita y continuada el pago de salarios, indemnizaciones y aportaciones a planes de pensiones”, recordando que el FROB denunció estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público optó por interponer su propia denuncia a finales del pasado enero, en la que pedía la imputación de Blesa y Barcoj por administración desleal y que aún está pendiente de reparto al Juzgado que corresponda.

Según Manos Limpias, “a pesar de existir la denominada Comisión de Retribuciones y la Comisión de Control”, estos órganos solo servían para “dar una apariencia formal de legalidad de las actividades delictivas que impunemente” desarrollaron los altos directivos “en la medida que no pudieron permanecer ajenos a tan reiterada y grave ilicitud” puesta de manifiesto por el FROB.

La primera de ellas, la subida salarial -en algunos casos del 16 %- de los miembros del Comité de Dirección en 2008 sin la autorización de los órganos de gobierno de la entidad, aprovechando que uno de ellos había cesado el año anterior, y causando con ello un perjuicio económico de algo más de 2 millones de euros.

Como consecuencia, explica, la retribución variable que percibían los máximos directivos se infló, pues iba en parte vinculada a la remuneración fija de cada miembro del comité, provocando un daño de 1,8 millones.

A ello se une la indemnización por cese o despido de alguno de los directivos, que generó el “mayor quebranto en las cuentas de la entidad, al haberse dispuesto ilícitamente de 9,1 millones de euros sólo en los años 2009 y 2010”.

Por último, hubo “prácticas irregulares en las aportaciones a planes de pensiones” consistentes en sustituir la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una “gratificación extraordinaria”, que se elevaba al bruto para que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores.

De esta forma se originó un agujero adicional de 1,84 millones de euros.