El Senado que Fraga intentó reformar contra el criterio de Rajoy se convierte en la trinchera de Casado

Tras la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el Partido Popular se ha refugiado en el Senado para impulsar su contraataque político, apoyado en la mayoría absoluta que mantiene en esa cámara. El trabajo de los senadores populares, convertidos ahora en punta de lanza de la oposición política, se ha multiplicado en los últimos meses.“Hay más actividad, están a tope”, asegura una fuente de este grupo en referencia al trabajo de sus compañeros.

Los conservadores han pasado de no mantener casi reuniones internas a citar a la dirección del grupo una vez por semana. Antes del cambio de Gobierno, el consejo de dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Senado estaba formado por 15 personas. Ahora cuenta con 30 miembros. Los periodistas que cubren la actividad del PP han notado el cambio de ritmo: “Antes apenas nos llamaban y ahora nos convocan a un briefing cada semana”, asegura uno de los periodistas que sigue habitualmente la información del PP.

Perdida la mayoría en el Congreso tras la caída de Mariano Rajoy, el Senado ha pasado de cámara olvidada, donde el partido arrumbaba a dirigentes que habían perdido influencia en la primera línea, en la principal arma política contra el Gobierno. En la portavocía Casado ha situado a una persona de su máxima confianza, Ignacio Cosidó, director general de la Policía en los últimos Gobiernos del PP. Sirva como ejemplo la primera reacción de los conservadores al acuerdo adoptado por PSOE y Podemos para los presupuestos. Frente a la práctica habitual, en esta ocasión fue el portavoz en el Senado el primero en salir a valorar el pacto. Cosidó aseguró que con acuerdos de este tipo, España se encamina al desastre económico: “En pocos años se pasará hambre como en Venezuela”, aseguró.

A principios de octubre, el PP anunciaba otro movimiento para reforzar sus posiciones contra el Gobierno en el Senado: un cambio en el reparto de turnos durante la sesión de control. Con las nuevas reglas, los conservadores disponen de dos preguntas más para controlar al ejecutivo de Sánchez en las sesiones de control. El cambio no ha sido del agrado del presidente de esa cámara, Pío García Escudero, según reconocen a eldiario.es fuentes de la cúpula del PP en el ámbito parlamentario. Sin embargo, Escudero se ha plegado a las órdenes de Pablo Casado y lideró personalmente la imposición del nuevo reparto de turnos, pese a la posición en contra del resto de portavoces parlamentarios.

El poder del PP en la Cámara Alta vale para casi todo y a veces se ejerce por encima de los límites legales. Esto es lo que ha sucedido en la disputa entre un senador de Compromís y un alcalde soriano a cuenta de la retirada de símbolos franquistas en los ayuntamientos. Los conservadores decidieron salir con todas sus armas para defender al regidor de Valdelagua del Cerro (Soria) frente al senador que había osado criticarlo a través de Twitter. El debate se sustanció este jueves y el Partido Popular tuvo que echar marcha atrás al comprobar que “la figura de la reprobación se reserva en exclusiva para los miembros del Gobierno”, tal y como la propia formación reconoció a través de un comunicado de prensa.

Más prolongada en el tiempo está siendo la polémica en torno a la exigencia de un pleno extraordinario para que Pedro Sánchez hable de su tesis doctoral. Haciendo uso de su mayoría absoluta, el PP aprobó convocar a Sánchez pero el presidente se ha negado a comparecer, argumentando que esa cámara carece de atribuciones para exigir su presencia. Los populares han reaccionado afirmando que esa comparecencia tendrá lugar aunque para ello haya que llevar al presidente “a rastras”. Desde el grupo socialista responden que “ni de las solapas, ni de las orejas” se dejarán arrastrar “al lodazal” en el que los populares han convertido al Senado.

En medio de esa pelea, Ciudadanos ha pedido la apertura de una comisión de investigación sobre la tesis del presidente en el Congreso. El PP se ha negado en su intención de mantener el Senado como el terreno de juego en el que desarrollar esa reclamación con la ventaja de contar con mayoría absoluta y práctica libertad para decidir sin consultar a nadie más.

En medio de la polémica, Sánchez ha anunciado que solicitará la convocatoria del Debate sobre el estado de las Autonomías, un encuentro que lleva 13 años sin celebrarse y que tiene el Senado como sede natural. La Constitución Española asegura en su artículo 69 que “el Senado es la cámara de representación territorial”, aunque nunca ha actuado como tal a pleno rendimiento. La Constitución y la creación del Senado son anteriores a la puesta en marcha del Estado de las Autonomías. La adaptación del Senado al mandato constitucional es una de las asignaturas pendientes de la democracia.

En el Tribunal Constitucional hay dudas con la nueva actitud del partido que dirige Pablo Casado: “Lo que está haciendo el PP con el Senado no responde al espíritu de la Constitución. El Senado no tiene capacidad para paralizar la vida política que le corresponde al Congreso”, asegura un magistrado de este tribunal alineado en el sector progresista.

Atrás queda el intento que hace una década llevó a Zapatero a afirmar que cambiaría la Constitución para adaptar al Senado a las tareas que le reserva la Constitución. El PP no aceptó la reforma contra el criterio de su propio presidente fundador, Manuel Fraga Iribarne.

Cuando Fraga llegó a Madrid en marzo de 2006 para terminar su vida política, tras perder el Gobierno en Galicia, se trajo con él la decisión de impulsar esa reforma. En esos primeros días, el senador Fraga pidió al por entonces presidente de esa cámara, el socialista Javier Rojo, que le hiciese llegar todos los trabajos que habían elaborado sobre la reforma. “Le envié un carrito con 9 tomos de documentación a través de un ujier”, recuerda Rojo en conversación telefónica con eldiario.es. A las pocas semanas el carrito llegó de vuelta y cada uno de los tomos estaba trufado de etiquetas amarillas con anotaciones que el veterano político gallego había colocado para hacer saber su opinión sobre los puntos que consideraba de mayor relevancia para esa reforma que nunca llegó.

“Creo que los problemas que vamos a tener en España vendrán por Cataluña y el Senado tiene que ser la institución que amortigüe las tensiones territoriales”, le dijo Fraga a Rojo. “A ver si a usted le hacen más caso que a mí”, concluyó el veterano político.

Durante su primer debate de investidura José Luis Rodríguez Zapatero prometió cuatro reformas constitucionales, incluida la del Senado. El objetivo era convertir a este organismo en el centro del debate territorial. Javier Rojo se puso a la tarea y organizó seminarios, reuniones preparatorias e incluso viajes a Alemania para conocer de cerca el modelo del Consejo Federal Alemán (Bundesrat), en donde los Lander tienen una participación activa en la construcción de leyes que afectan a todo el territorio.

“Hablé con el actual presidente del Senado, Pío García Escudero, que en aquel momento era portavoz del PP. Le dije: 'Oye, Pio, esto hay que hacerlo' y él me contestó que tenía que consultarlo con Rajoy. A los pocos días me llamó y respondió que no, que no se tocaba”, asegura Rojo. Ahí se acabaron los intentos por hacer del Senado algo diferente a lo que representa ahora. El PP ha vuelto a prometer que retomará los trabajos para acometer la reforma pero la promesa ha sido acogida con escepticismo entre el resto de formaciones.

A día de hoy el Senado se ha convertido en un contrapoder en donde la política que se impulsa apenas tiene relación con la función de vertebración territorial que le encomienda la Carta Magna. La mayoría de la que disponen los conservadores en esa cámara le da a la formación que lidera Pablo Casado manos libres para imponer los debates que considere. “Hoy es la trinchera del PP y mañana puede ser la de cualquier otra formación. Eso no puede ser, el Senado no se creó para eso”, reflexiona Rojo.

El también expresidente del Senado, Juan José Lucas, ofrece otra óptica para los mismos hechos. Según el veterano dirigente del PP, “el Senado no ha funcionado por falta de voluntad política de todas las formaciones”. “Yo no exculpo al PP -asegura- pero el PSOE cogió la bandera de la reforma y la olvidó cuando llegó al Gobierno”. Al igual que su homólogo del PSOE, Lucas considera que esta cámara parlamentaria no está sirviendo de nada en la solución dela crisis catalana: “Sería bueno que el Senado aportara serenidad y no lo está haciendo porque se ha convertido en una caja de resonancia de la política del Congreso y de la política nacional”.

A pesar de su reflexión, Lucas justifica el uso que el PP le está dando a la Cámara Alta: “Después de llegar a una censura, fruto de los pactos que se han producido olvidando al partido más votado, es lógico que ese partido use su derecho para defender sus posiciones en los foros que aún mantiene”.

A día de hoy la capacidad del Senado para imponer su criterio es muy limitada. Solo tiene poder por encima del Congreso para vetar el techo de gasto y para activar el artículo 155 de la Constitución. El resto de leyes que se votan en esa cámara pueden ser revertidas por una mayoría simple en el Congreso de los Diputados.

El Partido Popular trata de sacarle todo el provecho político posible: ha puesto en marcha una comisión de investigación sobre corrupción que busca contrarrestar a la que ya funciona en el Congreso y ahora pretende usarlo para arrinconar al Gobierno con comparecencias impuestas a golpe de mayoría. Y en ese escenario aprobó también la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que semanas después recibió el mismo reproche del Congreso.

Un ejemplo más de la utilización que los populares han decidido darle al Senado tiene relación directa con la campaña a las elecciones andaluzas. La formación de Casado decidió esperar al anuncio de convocatoria para jugar otra de sus bazas en el Senado: convocar a Chaves y a Griñán por el caso de los ERES. Los dos expresidentes tienen obligación de comparecer ante la comisión de investigación y deberán hacerlo en el momento más álgido de la campaña electoral y a solo tres días de la fecha en la que los andaluces están llamados a las urnas. Esa comisión de investigación lleva en marcha un año y medio y la causa de los ERES empezó a juzgarse en diciembre del año pasado.

La cohesión territorial y el debate entre autonomías tendrán que esperar a un reforma sin fecha y a la espera de que las aguas bajen más calmadas de lo que están en el actual panorama político.