Los abogados de Martinelli piden a la CIDH protección por la “persecución” de Varela

Tres de los abogados del expresidente panameño Ricardo Martinelli pidieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que intervenga para detener la supuesta “persecución política” promovida por el actual Gobierno del país, informaron los propios afectados.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, “a través de diversas agencias gubernamentales ha emprendido una persecución política y sistemática en contra de los abogados de Ricardo Martinelli (...) con el fin de amedrentar y perseguir a quienes hemos asumido la defensa plena” del exgobernante, dice los letrados en un documento presentado hoy, al que tuvo acceso Efe.

Los hechos denunciados por Sidney Sittón, Alma Cortés y Luis Eduardo Camacho González “no solo se circunscriben a la apertura de diversos procesos administrativos” en la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral o la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los letrados también denuncian “allanamientos, ataques mediáticos en diversos medios de comunicación afectos al Gobierno y amenazas a la integridad física y psíquica”, según describieron en el peticionario.

Los abogados reclaman que la CIDH admita su petición y establezca que el Estado de Panamá ha violado sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y al trabajo, además de la falta de adecuación del derecho interno panameño.

Por todo ello, piden a la CIDH que recomiende al Estado panameño que les pida perdón de forma pública, medidas provisionales para evitar daños irreparables “a las víctimas”, el cese de la supuesta persecución, una reparación económica y reformar la legislación.

De lo contrario, solicitan elevar el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Martinelli, que gobernó el país en el periodo 2004-2009, tiene seis causas abiertas por supuesta corrupción en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la única que puede investigarlo y juzgarlo, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El expresidente, que salió del país a finales de enero, el mismo día en que se admitió la primera causa penal en su contra, reside en la ciudad estadounidense de Miami y, desde allí, insiste en acusar de hostigamiento político a Varela, que fue su aliado político, su canciller y su vicepresidente.

Desde que Varela asumió el poder en julio de 2014, su equipo ha presentado al menos 200 denuncias por corrupción contra reponsables del anterior Gobierno anterior.