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Maza justifica la prisión a los exconsellers y resalta la “paciencia” del Estado Derecho

EFE

Madrid —

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido hoy la decisión judicial de enviar a prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a ocho exconsellers al afirmar que los hechos que se imputan “arrancan hace dos años” y “bastante paciencia ha tenido el Estado de derecho”.

Maza lo ha expresado así esta noche en una entrevista en la Cadena SER, horas después de que la juez Carmen Lamela haya ordenado prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers y prisión con fianza para el también exconseller Santi Vila, mientras permanece en Bruselas el expresidente Carles Puigdemont, sobre quien pesa una petición de arresto internacional que aún no ha resuelto la magistrada.

Para el fiscal general, las peticiones de prisión para los exmiembros del Gobierno catalán se justifican en el riesgo de que sigan delinquiendo y en ese caso “la prisión preventiva es inevitable”.

En este sentido, ha señalado que existe la posibilidad de que los detenidos sigan “insistiendo” en crear la república catalana, en promover protestas o manifestaciones y en “una reiteración delictiva” y que “la única posibilidad de parar” ese riesgo es “tenerles recluidos”.

También ha dicho que la Fiscalía está “plenamente convencida” de que los exconsellers han cometido delito de rebelión, aunque la última palabra la tiene el tribunal, y que ese delito se ha llevado a cabo “por supuesto” con violencia, tanto el día del referéndum ilegal como antes y después.

Maza ha incluido en esa violencia los escraches cometidos a la policía, y ha destacado que en todos los casos “el elemento fundamental de la rebelión es el tendencial, el objetivo de independizarse de España o abolir la Constitución”.

El fiscal general ha recordado que los políticos catalanes se han negado hoy a responder a las preguntas de la acusación, y ha apuntado que si lo hubieran hecho la decisión de la juez podría haber sido distinta, o que si hubieran declarado que aceptaban la Constitución y el 155 “a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”.

Sobre el hecho de que él mismo haya firmado la querella que ha dado lugar posteriormente a la orden de prisión, ha negado que haya sido un gesto de “chulería” por su parte y, aunque ha admitido que no es su manera habitual de proceder, lo ha justificado en la “responsabilidad” que recae sobre él y en “la importancia y la trascendencia de las personas contra las que me querello que deben ser tratadas a la altura”.

Según Maza, “en ningún momento” se ha visto presionado por el Gobierno a lo largo de este proceso, e incluso ha asegurado que “habría datos para que se dieran cuenta de que no hay sintonía” con el Ejecutivo central: “el ministerio fiscal es autónomo y no tiene por qué corresponder con otras vías políticas”, ha dicho.

Sobre la situación de Puigdemont, ha defendido que no se tomaran medidas porque se pensaba que el riesgo de fuga era bastante pequeño y que cabría suponer que hoy iba a comparecer ante la Justicia, como lo han hecho parte de los consellers.

Ha recordado que los detenidos deberán ser juzgados y que “la medida cautelar no es un castigo. Se valora el riesgo de fuga, la posibilidad de destruir pruebas y lo más importante, impedir el riesgo de reiteración delictiva”.

Caso distinto, ha añadido, es el del exconseller Santi Vila, para quien la juez ha pedido prisión eludible con una fianza de 50.000 euros, pues según destaca el auto no va a seguir con el delito.

Según el fiscal general del Estado, si los detenidos aceptaran la Constitución, el 155 y volver a la legalidad, “sin duda el argumento fundamental quedaría sin efecto si no hay reiteración” y entonces solamente habría que valorar el riesgo de fuga, algo, ha apuntado, “que se puede controlar sin la privación de la libertad”.

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