La Mesa del Congreso acuerda la tramitación urgente del Concierto y el Cupo vasco con la oposición de Ciudadanos

La Mesa del Congreso ha acordado este lunes que la Cámara tramite por la vía de urgencia los proyectos de Ley del Cupo Vasco y de modificación del Concierto Económico aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Esta decisión, que implica reducir a la mitad los plazos para la presentación de enmiendas, se ha tomado con el apoyo de PP, PSOE y Unidos Podemos, mientras que Ciudadanos se ha opuesto.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes, del partido naranja, quien ha remarcado que, desde su punto de vista, estas normas no afectan únicamente a la financiación del País Vasco, sino a la de todas las comunidades autonómicas.

“Un asunto así no se puede despachar de un plumazo, requiere un debate amplio y profundo”, ha argumentado Prendes, quien considera que, aunque ambas leyes siempre se han tramitado de esta forma, hay “cosas que tienen que tienen que empezar a cambiar”.

La petición de que estos proyectos se debatan por la vía urgente la han cursado tanto el Gobierno como los grupos de PP, PSOE y PNV que, además, han pedido que se tramite de forma directa y en lectura única, es decir, que en un sólo debate parlamentario en el Pleno, sin pasar por ponencia ni comisión, se analicen las eventuales enmiendas y se apruebe para su remisión al Senado.

Una vez que la Mesa ya ha acordado la tramitación urgente, deberá ser la Junta de Portavoces la que decida si se aprueba en lectura única, lo que saldrá adelante puesto que PP, PSOE y PNV suman una amplia mayoría. Eso sí, formalmente la decisión definitiva tendrá que adoptarla el Pleno de la Cámara.

NI UNA COMA

En las memorias justificativas que acompañan a los proyectos, a las que ha tenido acceso Europa Press, se remarca que, dada la “especial naturaleza” de estos proyectos, todas las enmiendas que presente la oposición, aunque sea para cambiar una palabra, se entenderán como de totalidad o de devolución. Es decir, que los grupos parlamentarios no podrán cambiar la redacción de los textos y su papel se limitará a votar a favor o en contra.

Y es que se trata de leyes pactadas entre los dos ejecutivos y que previamente ha sido aprobado por unanimidad por una comisión mixta bilateral donde están representadas también las diputaciones forales.

La aprobación de los proyectos está garantizada ya que, además del PP y del PNV, se da por hecho que sumarán también al PSOE, que gobierna en coalición con los nacionalistas vascos. Por contra, Ciudadanos dijo la pasada primavera que votaría en contra del cupo vasco cuando llegara al Congreso.

EN VIGOR EL 1 DE ENERO

Según garantizó el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ambas leyes estarán aprobadas para su entrada en vigor el 1 de enero de 2018, tal y como pactaron en su día con el Gobierno vasco del PNV.

Aunque el Consejo de Ministros no aprobó los proyectos hasta el pasado viernes, el acuerdo ya estaba comprometido hace semanas. De hecho, las memorias de impacto normativo y económico que acompañan a las leyes llevan fecha de 8 y 10 de octubre.

El ministro de Hacienda aprovechó la presentación de estas leyes para defender que es posible el acuerdo entre instituciones con “distintas formas de concebir muchas cosas”, en clara alusión a los problemas con Cataluña: con “lealtad y respeto mutuo” y dialogando dentro de la ley.

1.300 MILLONES ANUALES

La ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, mientras que la Ley del Concierto Económico recoge distintas modificaciones. La cifra base del Cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad pague el País Vasco, variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.

Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo, la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.

Finalmente, las dos partes acordaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años del citado Cupo: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año.